Por Amaury Sánchez G.
Por años, la justicia alternativa en México ha sido una promesa bien intencionada atrapada entre el discurso moderno y la práctica burocrática. Se le invoca como solución, pero se le administra como parche. Por eso, lo ocurrido hoy, 9 de febrero, en el Salón de Legisladores Jaliscienses del Congreso del Estado, no es un acto menor ni protocolario: marca un punto de inflexión político y jurídico.
Ahí se llevó a cabo el Primer Parlamento Abierto de Justicia Alternativa, un ejercicio que —por una vez— no se limitó a la foto ni al boletín, sino que abrió el debate sobre el fondo del sistema de justicia, sus límites y sus posibilidades reales.
El impulsor del encuentro fue el diputado federal Bruno Blancas Mercado, quien ha puesto sobre la mesa una iniciativa de alto calado: elevar los mecanismos alternativos de solución de controversias a rango constitucional, reformando el artículo 94 de la Constitución y armonizando la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No se trata de un ajuste cosmético: es una propuesta que redefine el lugar que ocupa la justicia alternativa dentro del Poder Judicial.
El Parlamento abierto como mensaje político
Que este primer Parlamento se haya realizado en Jalisco no es casual. Jalisco ha sido laboratorio, vitrina y contradicción en materia de justicia alternativa: avances institucionales importantes conviven con rezagos territoriales, profesionalización desigual y una pregunta incómoda que nadie había querido responder con claridad:
¿la mediación fortalece el acceso a la justicia o solo administra el colapso del sistema judicial tradicional?
A este debate se sumaron como invitados el diputados Clara Cárdenas federal, diputado local Alejandro Barragán y el diputado federal Alberto Maldonado, cuyas intervenciones anclaron la discusión en la realidad legislativa estatal, recordando que toda reforma federal termina aterrizando —o estrellándose— en los congresos locales.
Pero el peso técnico del foro lo dieron los catedráticos:
el maestro José de Jesús Salazar Zazueta,
y el doctor Jaime Oswaldo Pacheco Cueva,
quienes abordaron la justicia alternativa no desde el idealismo, sino desde el diseño institucional, la ética del mediador y los riesgos de convertir el acuerdo en simulación.
Lo que realmente se discutió
Con un lleno total, el foro se convirtió en un espacio de análisis y socialización real, no de monólogos. Las ponencias coincidieron en varios puntos clave:
Constitucionalizar la justicia alternativa no es un fin, sino un medio.
Elevarla de rango puede darle fuerza institucional, pero sin autonomía real, presupuesto y profesionalización, el cambio se queda en papel.
La mediación no puede sustituir a la justicia donde hay desigualdad estructural.
El consenso fue claro: hay conflictos que no deben negociarse, sino juzgarse.
El mayor riesgo es la simulación.
Medir el éxito por “acuerdos firmados” y no por justicia efectiva puede convertir a la mediación en una estadística cómoda para el Estado.
La política entra cuando se abren las preguntas
El momento más relevante llegó al final, con una ronda de preguntas y respuestas que no fue evasiva ni controlada. Las dudas del público —académicos, operadores jurídicos, estudiantes— fueron directas y, en varios casos, incómodas.
El diputado Bruno Blancas, lejos de rehuir, respondió con claridad: su iniciativa no pretende debilitar al Poder Judicial, sino ordenar el sistema, reconocer formalmente a los mecanismos alternativos y evitar que sigan operando como apéndices administrativos sin peso institucional.
Ahí quedó claro el mensaje político de fondo:
si el Estado va a apostar por la justicia alternativa, tiene que tomársela en serio.
Lectura final
Este Parlamento Abierto no resolvió todos los dilemas —y no tenía por qué hacerlo—, pero sí dejó algo que escasea en la política mexicana: una discusión pública informada sobre cómo se imparte justicia.
La iniciativa del diputado Bruno Blancas abre un debate nacional que Jalisco ya no puede eludir. El reto ahora no es aplaudir la reforma, sino vigilar su diseño, su implementación y sus límites, para que la justicia alternativa no sea una justicia menor, sino una justicia distinta, complementaria y verdaderamente accesible.
Porque al final, la pregunta sigue ahí, intacta y necesaria:
¿queremos una justicia que resuelva rápido o una que resuelva bien?
El Parlamento de hoy, al menos, se atrevió a formularla en voz alta.
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