Jalisco, el reino de la impunidad

Por Amaury Sánchez

En Jalisco, el tiempo se ha detenido. No en las calles bulliciosas de Guadalajara ni en las plazas soleadas de Tlaquepaque, donde la vida transcurre entre el aroma del tequila y el eco lejano de los mariachis. No. El tiempo se ha detenido en las oficinas frías de la fiscalía, donde las carpetas de investigación se apilan como mausoleos de papel, condenadas al polvo y al olvido. Más de 500 mil casos sin resolver quedaron como testamento de la administración de Enrique Alfaro Ramírez, una cifra que no solo es un dato estadístico, sino el retrato despiadado de un sistema de justicia que ha dejado de funcionar.

El doctor Alfonso Partida Caballero, con la paciencia y la meticulosidad de un arqueólogo, desenterró esta verdad incómoda en su tesis “Repensar la procuración de justicia en México y la particular de Jalisco: 1824 – 2024”. Los números son brutales: al cierre de 2023, 526 mil 685 averiguaciones previas seguían pendientes. La impunidad en Jalisco alcanza el 99.12%. De cada 200 delitos cometidos, solo uno recibe castigo. En Jalisco, el crimen no solo paga; recibe inmunidad y silencio como recompensa.

Pero la tragedia no está solo en las cifras. La verdadera herida está en la gente que ha dejado de creer. Solo el 8.2% de las víctimas se anima a interponer una denuncia. La mayoría sabe que hacerlo es como arrojar una piedra al pozo más hondo y esperar a que regrese convertida en justicia. Un millón 495 mil 828 delitos quedaron en la sombra de la cifra negra, ocultos bajo el peso de la resignación.

El ex gobernador Alfaro decía que los delitos estaban bajando, pero no era cierto. Lo que estaba bajando eran las denuncias. La gente entendió que denunciar un delito en Jalisco es como pedirle a la lluvia que caiga al revés. Alfaro construyó una narrativa donde la ausencia de denuncias se vendía como una baja en la delincuencia. Pero la realidad es más cruda: el miedo y la indiferencia institucional lograron lo que la fuerza pública no pudo.

Sin embargo, el problema no es solo de números. Es de poder. La designación de los fiscales estatales durante los gobiernos de Alfaro y de su sucesor, Pablo Lemus Navarro, revela una estructura institucional podrida desde la raíz. La Constitución de Jalisco es clara: el gobernador debe presentar una terna para la elección del fiscal y el Congreso debe aprobarla con una mayoría calificada. Pero Alfaro impuso a Luis Joaquín Méndez Ruiz sin terna ni debate, y Lemus hizo lo mismo con Salvador González de los Santos. El Congreso, en lugar de ser un contrapeso, se convirtió en una oficina de validación política. La ley fue solo un adorno, una formalidad que nadie tuvo intención de respetar.

En este juego de poder, unos pocos levantaron la voz. Leonardo Almaguer Castañeda, Itzul Barrera Rodríguez, Mariana Casillas Guerrero y Alejandro Puerto votaron en contra de González de los Santos. Tonantzin Cárdenas Méndez se abstuvo. Pero la maquinaria política aplastó cualquier intento de resistencia. En Jalisco, el poder político y la justicia caminan de la mano, pero nunca hacia el pueblo.

La impunidad en Jalisco no es un accidente ni una casualidad. Es una estrategia política. Permitir que el crimen quede impune no solo evita conflictos con el poder criminal, sino que también permite maquillar cifras y ofrecer a la ciudadanía la ilusión de seguridad. Pero el costo de esa ilusión es alto: la confianza pública está destruida, la legitimidad del sistema judicial es una farsa, y la justicia ha sido sustituida por el silencio.

Los expedientes seguirán acumulándose en las oficinas de la fiscalía. El polvo seguirá cubriendo las carpetas de investigación. Y los jaliscienses seguirán entendiendo, cada vez con mayor claridad, que en su estado la justicia no es un derecho, sino una quimera. Mientras las cifras negras sigan creciendo y el poder político siga controlando las instituciones de justicia como piezas de un tablero de ajedrez, Jalisco seguirá siendo el reino de la impunidad.