Por Jorge Eduardo García Pulido
Para La Verdad Jalisco
En una maniobra legislativa que promete sacudir los cimientos de la agroindustria y el sector inmobiliario en Jalisco y todo el país, los líderes parlamentarios de la coalición gobernante (Morena, PVEM y PT) presentaron este miércoles una reserva de ley que busca sepultar el mercado privado de derechos de agua y endurecer, como nunca antes, las penas contra el «huachicoleo» del líquido vital.
El documento, firmado por los diputados Ricardo Monreal, Carlos Puente y Reginaldo Sandoval1, plantea modificaciones drásticas a la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, bajo la premisa de recuperar la rectoría del Estado sobre el recurso.
¡Adiós a la compra-venta de concesiones! El cambio más agresivo para el sector productivo de Jalisco —gigante agroalimentario nacional— se encuentra en la modificación al Artículo 22. La nueva redacción es tajante: «Los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión».
Esto significa el fin del mercado secundario. Anteriormente, si una industria o un agricultor dejaba de usar su agua, podía ceder o vender esos derechos a otro particular. Con la reforma, esos volúmenes deberán regresar a «La Autoridad del Agua» para ser reasignados por el Estado, eliminando la posibilidad de hacer negocios privados con títulos de concesión.
Para los grandes productores de berries, aguacate y agave en la entidad, así como para los desarrolladores de vivienda, esto implica que la única vía para obtener agua será la asignación directa del gobierno federal, quien podrá negar o reducir volúmenes si considera que existe «riesgo de disponibilidad para consumo humano».
La propuesta no solo es administrativa, sino penal. Se busca frenar la impunidad en la extracción ilegal de agua, un problema crónico en regiones como Los Altos y la cuenca de Chapala.
·
Contra el robo: Quien extraiga o traslade agua de manera ilegal con fines de lucro (en cantidades superiores a 50,000 litros) enfrentará de seis a ocho meses de prisión, además de multas económicas.
·
Contra el desvío de cauces: Se impondrán hasta cinco años de prisión a quien desvíe o altere corrientes de agua sin permiso, poniendo en peligro ecosistemas o bienes.
· El golpe a la burocracia: La pena más severa está reservada para los servidores públicos. El funcionario que otorgue concesiones o permisos irregulares a cambio de beneficios enfrentará de dos a catorce años de prisión, un aumento drástico comparado con la legislación anterior.
Prioridad al consumo humano y pueblos originarios
La reforma introduce el concepto de «Responsabilidad Hídrica», obligando a los usuarios a no exceder los volúmenes concesionados para mantener el equilibrio de los acuíferos8.Asimismo, se faculta a la autoridad para cancelar concesiones industriales si falta agua para la gente, priorizando el derecho humano al agua por encima de cualquier actividad económica.
En un guiño a las comunidades indígenas, como el pueblo Wixárika en la zona norte de Jalisco, la ley reconocerá formalmente a los sistemas comunitarios de agua que se rigen por usos y costumbres, protegiéndolos de ser absorbidos por organismos municipales y garantizando su autonomía administrativa10.
La reforma establece un plazo de 180 días naturales tras su aprobación para expedir los nuevos reglamentos11. Sin embargo, la prohibición de transmitir derechos y las nuevas facultades de la autoridad entrarían en vigor de inmediato.
Esta iniciativa marca el inicio de una nueva era de centralización hídrica, donde el agua deja de ser un activo de mercado para convertirse, legal y prácticamente, en un bien de seguridad nacional bajo control estricto del Ejecutivo.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que La Verdad Jalisco no se hace responsable de los mismos.
