Por Carlos Anguiano
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El próximo 1 de junio del 2025 se llevará a cabo en México el proceso electoral judicial, una jornada histórica en el país en el que se renovarán 881 cargos. De acuerdo a la convocatoria, los cargos a elegir son:
• Nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
El proceso de preselección, involucró a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, trabajando en comités de evaluación, que generaron la lista de candidaturas aprobadas que se envió al INE.
Un factor que genera conflicto es el nivel de desconocimiento popular de quienes aparecen en dicho listado. La mayor parte de quienes hoy se postulan, derivado de sus actividades, encargo y desempeño anterior, no cuentan con notoriedad pública ni están en la mente de los electores. Sin generalizar, las causas por las cuales se conoce, se recuerda y se menciona a varias y varios de quienes se enlistan en las candidaturas, tienen origen en escandalos de tipo sexual, actos ventilados en los medios de comunicación o redes sociales derivados de acciones de corrupción o de falta de ética. Se presume que cada juzgador, cada miembro del Poder Judicial de la Federación, de sus tribunales, de sus organos, deberian de ser personas probas, actualizadas en su conocimiento y de comportamiento intachable y ejemplar. Quienes así lo son, es lo más probable que también carezcan de exposición mediatica, gran influencia en redes sociales y difusión social de sus actividades.
El Poder Judicial en México enfrenta actualmente el reto de aumentar su credibilidad, rendir cuentas y ser transparentes ante los meicanos y fortalecer la legitimidad de sus integrantes. Resulta que entre quienes estarán en las boletas de la elección, será complicado hacer campaña, toda vez que diferenciarse entre sus adversarios, en una abierta para todos los ciudadanos, donde la capacidad, el conocimiento, los valores y la calidad moral, deberian de ser obligadamente similar entre todos ellos, convierte la elección en una treta indescifrable para el elector. Este proceso compartirá 2 de los excesos, de las fallas aun sin solucionar de la elección de cargos para los poderes Ejecutivo y Legislativo: La duración de las campañas, pues, siempre hay un calendario que algunos cumplen y otros desprecian, realizandose actos anticipados; y el costo de las campañas. Quien tenga mayor dinero, patrocinadores, ego o animo de realizar una gran campaña, deberan invertir cantidades de dinero que volverá inequitativa la continda, encarecerá el costo de cada voto y probablemnete influira en el resultado final, lo que podría considerarse trampa, incurriendo en causales de nulidad, que serán tan dificiles de comprobar como lo ha sido en las elecciones que organiza el Instituto Nacional Electoral para otros cargos de elección popular.
Más allá del proceso de elección, persiste un debate significativo con opiniones divididas sobre el manoseo que se realiza desde el gobierno y sus posibles efectos que pueden menoscabar la necesaria y deseable independencia del Poder Judicial.
Ante la incapacidad de conocer y evaluar satisfactoriamente a las candidaturas, este proceso se nubla con un halo de duda, de sospecha, de voto a ciegas, cuyas consecuencias nos acompañaran por lapsos largos de tiempo.
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