Por Antonio Fernández.
En el Congreso de Jalisco se libra una batalla que, aunque algunos intentan disfrazar de lucha sindical, en realidad tiene un trasfondo mucho más profundo: el control de las plazas laborales que se encontraban vacantes y que en derecho les corresponden a los trabajadores y se utilizan de manera discrecional por la administración.
En las últimas semanas, el líder del sindicato mayoritario, César Iñiguez, ha sido blanco de una serie de ataques, filtraciones y señalamientos que, más que responder a una discusión legítima, parecen formar parte de una campaña sistemática de desgaste político.
Detrás de este golpeteo aparece un nombre que se repite constantemente: Eduardo Lomelí, secretario general del Congreso del Estado.
Quienes han seguido de cerca el conflicto saben que la narrativa pública ha intentado concentrarse en las supuestas plazas de familiares del dirigente sindical.
Sin embargo, ese argumento parece más bien una cortina de humo. El verdadero punto de tensión estaría en otro lado: alrededor de 90 plazas disponibles dentro del Congreso que históricamente han sido utilizadas como moneda política y que, según diversas voces, suelen repartirse de manera discrecional entre grupos de poder.
El problema es que César Iñiguez decidió poner el tema sobre la mesa. Al evidenciar ese mecanismo de reparto, tocó intereses que durante años han operado con comodidad en la estructura legislativa.
En un sistema donde las posiciones laborales pueden convertirse en premios políticos, cuestionar la discrecionalidad equivale a desafiar directamente a quienes se benefician de ella.
Los ejemplos ayudan a entender por qué el tema genera tanta incomodidad.
Uno de ellos es el del secretario particular de Eduardo Lomelí, quien percibe un salario bruto cercano a los 90 mil pesos mensuales, una cifra que contrasta con la realidad salarial de muchos trabajadores del propio Congreso.
Casos como este alimentan la percepción de que las plazas no siempre responden a criterios de mérito o necesidad institucional.
Por eso, reducir este gran tema a una disputa sindical sería, en el mejor de los casos, simplificar demasiado la situación, y en el peor de los casos, hostigar y atacar a un líder que puso la mira en los intereses que se generan y que se reparten discrecionalmente los grupos de poder a través del Secretario General, Eduardo Lomelí.
Lo que realmente está en juego es quién controla el reparto de las plazas dentro del Congreso de Jalisco. Y cuando hay cerca de 90 posiciones disponibles que pueden traducirse en poder, influencia y recursos, es evidente que la disputa se vuelve intensa y encarnizada.
Al final, la pregunta de fondo no es solo quién tiene razón en esta confrontación, sino si el Congreso de Jalisco está dispuesto a transparentar la forma en que se asignan sus plazas laborales.
Porque si algo queda claro en medio de esta tormenta política, es que para ciertos intereses, un líder sindical que decide exhibir estas prácticas puede convertirse rápidamente en un obstáculo incómodo y centro de ataques.
Y cuando alguien estorba en un sistema acostumbrado a la discrecionalidad, la reacción suele ser atacarlo e intentar apartarlo del camino.
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