Manuel Carranza
En las calles de México, la realidad se siente en cada paso: la inseguridad que no cesa, los proyectos de infraestructura que prometen desarrollo pero dejan deudas y dudas, los rumores de negocios ilícitos que circulan como el viento.
Mientras tanto, desde las alturas del poder, el régimen de Morena se presenta como el defensor de la honestidad y el cambio, pero sus acciones (o mejor dicho, sus omisiones) cuentan una historia muy diferente.
Una historia de cinismo sin precedentes, de desfachatez que desafía la inteligencia de los mexicanos, de un intento sistemático de enterrar la verdad bajo un manto de silencio y distracción.
Los escándalos que no se van, aunque se quieran ocultar:
No son meras habladurías.
Son hechos documentados por fuentes fidedignas, por periodistas que arriesgan su voz, por organismos que buscan la verdad, por ciudadanos que no se callan.
El huachicol fiscal, que ha desviado unos 600 mil millones de pesos del erario, no es un mito:
Es una realidad que ha dejado huellas en las cuentas públicas y en la vida de quienes dependen de los recursos del Estado.
Esta operación, que requirió una estructura sofisticada de lavado de dinero y empresas fachada, involucró a funcionarios de alto nivel, incluso a miembros de la Marina, cuyos ingresos legítimos no explican el lujo en el que viven.
El Tren Maya y el Tren Interoceánico, proyectos bandera del gobierno, han sido marcados por sobrecostos millonarios, fallas estructurales y favoritismos en la asignación de contratos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado irregularidades que van desde pagos en exceso hasta obras que no cumplen con los estándares, pero el gobierno sigue presentándolos como éxitos indiscutibles, sin dar explicaciones claras ni rendir cuentas.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico en diciembre de 2025, que dejó 13 muertos y 98 heridos, revivió las acusaciones de negligencia y corrupción, pero la respuesta del poder ha sido más silencio y más defensas sin fundamento.
Y qué decir de los vínculos con el crimen organizado.
El grupo La Barredora, liderado por el exsecretario de Seguridad de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, operó con impunidad bajo la protección del senador Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador del estado.
Las denuncias son claras, las pruebas existen, pero el senador sigue ocupando cargos de poder y el gobierno se hace el desentendido.
También se han señalado a gobernadores como Américo Villarreal (Tamaulipas), Alfonso Durazo (Sonora) y Rubén Rocha Moya (Sinaloa), así como a legisladores y funcionarios de todos los niveles, de haber pactado con el narcotráfico, beneficiándose política y económicamente de esa relación.
El envío de petróleo a Cuba es otro caso que levanta sospechas…
Entre mayo y agosto de 2025, se enviaron más de 3 mil millones de dólares en hidrocarburos a través de Gasolinas Bienestar, filial de Pemex. Se dice que Cuba revende parte del crudo y que los recursos regresan a funcionarios mexicanos, pero el gobierno no ha presentado ninguna prueba que respalde sus explicaciones, ni ha permitido una investigación transparente (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad…
Y no podemos olvidar los actos de violencia que han sacudido al país:
Los coches bomba en Michoacán, Guanajuato, el Estado de México, Colima, entre otros, que han causado muertes, heridos y daños materiales.
Dichos acontecimientos están señalados por los estándares internacionales como actos terroristas, tal como lo establece la Convención Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas a la Explosivo de las Naciones Unidas de 1997.
Su artículo 2.1 define como delito el uso ilícito e intencional de explosivos o dispositivos letales en lugares públicos, instalaciones estatales o sistemas de transporte, con el fin de causar muerte, lesiones graves o daños extensos, lo que encaja perfectamente con estos hechos.
Además, el Código Penal Federal de México, en su artículo 139, también contempla estos actos como terrorismo:
«Se define como tal el uso de explosivos, armas o cualquier medio violento para realizar actos contra bienes, servicios o personas que produzcan alarma, temor o terror en la población, con el fin de atentar contra la seguridad nacional o presionar a las autoridades o particulares, y establece penas de 15 a 40 años de prisión para quienes lo cometan»
Sin embargo, el régimen morenista ha minimizado estos hechos de manera ridícula y patética:
La presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que se trata solo de disputas entre grupos criminales por territorio o droga, descartando sin fundamentos su clasificación como terrorismo y llegando incluso a reclasificar investigaciones que inicialmente se abrieron bajo ese delito como simples casos de delincuencia organizada.
Es una actitud que ignora la ley nacional y los compromisos internacionales, y que deja a los ciudadanos expuestos a una violencia que se niega a reconocer en su verdadera dimensión.
El origen de un vínculo que no se puede negar:
Estos no son hechos aislados… Tienen raíces que van mucho más atrás, hasta los inicios de Morena como fuerza política. Investigaciones periodísticas y judiciales han revelado que el crimen organizado financió las campañas de los líderes del partido desde hace años.
En 2006, durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el Cártel de los Beltrán Leyva habría aportado entre 1,85 y 3,70 millones de euros, a cambio de promesas de protección y de influencia en el nombramiento de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
También se ha señalado que el Cártel de Sinaloa habría entregado entre 2 y 4 millones de dólares para la misma campaña.
En años posteriores, el financiamiento ilícito siguió.
El «rey del huachicol» Sergio Carmona habría financiado campañas de Morena en Tamaulipas, como la del actual gobernador Américo Villarreal.
En Sinaloa, la ex subdelegada de Programas Sociales testificó haber visto maletas llenas de dinero llegar a la casa de campaña del gobernador Rubén Rocha Moya, dinero que provenía del narcotráfico…
Incluso se ha señalado que abogados ligados a líderes del narcotráfico, como Ismael «El Mayo» Zambada, patrocinaron las campañas electorales del partido.
(Periódico Zócalo, 23/02/2025).
El lavado de dinero que cruza fronteras:
La corrupción y los vínculos con el crimen organizado no se limitan a las fronteras de México.
Se han convertido en un fenómeno internacional, con redes de lavado de dinero que operan en todo el mundo.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha señalado a instituciones financieras ligadas a Alfonso Romo, amigo cercano de López Obrador, de haber lavado dinero proveniente del narcotráfico, incluyendo el suministro de insumos para la elaboración de fentanilo.
(Sonora Presente, 25/06/2025)
También se ha revelado que funcionarios morenistas han utilizado paraísos fiscales en Suecia y Suiza para ocultar los recursos obtenidos ilícitamente.
El cinismo de ocultar lo que todos saben, y el peso de una herencia que no se puede ignorar:
Lo más indignante de todo esto no son solo los actos de corrupción y los vínculos con el crimen organizado.
Es el cinismo con el que el gobierno intenta ocultarlos.
Se presentan como los defensores de la transparencia, pero acotan al INAI y cierran las puertas a la vigilancia ciudadana.
Se dicen los combatientes de la corrupción, pero dejan en la obsolescencia al Sistema Nacional Anticorrupción y dan carpetazo a miles de expedientes.
Protegen a sus aliados corruptos, mientras persiguen selectivamente a quienes se atreven a denunciar.
Y cuando los escándalos salen a la luz, recurren a la distracción mediática:
Presentan temas triviales, como los casos de «el balcón» o los insultos a opositores, que ocupan espacio en los medios y hacen que la gente olvide los problemas reales.
Es una estrategia cínica, descarada, que desprecia la inteligencia de los mexicanos y que trata de ocultar la verdad bajo un manto de ruido y confusión.
En este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum asumió la responsabilidad de dirigir el gobierno mexicano por medio de las urnas, con un compromiso público de cuidar el legado de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
Lo que no se dijo con claridad es que esa responsabilidad implica también administrar una herencia marcada por las sombras de la corrupción y los vínculos con el crimen organizado que han sido señalados por múltiples fuentes periodísticas e informatuvas, así como reportes de inteligencia militar de los Estados Unidos así como de Mexico.
Hasta el momento, su gestión ha mostrado señales de continuar con el rumbo trazado por el régimen anterior, defendiendo su integridad y evitando dar explicaciones profundas sobre los escándalos que han salpicado al movimiento que lidera.
Pero es inevitable que llegue un momento en que tenga que tomar decisiones difíciles:
O se distancia de las prácticas que han manchado el legado que prometió proteger, o su gobierno corre el riesgo de verse arrastrado por las mismas sombras que el pueblo exige que se aclaren.
A esta presión interna se suma la mirada atenta de la administración de Donald Trump en los Estados Unidos. Desde hace tiempo, Washington ha mostrado preocupación por los vínculos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado, que han generado riesgos para la seguridad norteamericana, especialmente por el tráfico de drogas como el fentanilo, que ha causado miles de muertes en su territorio…
La administración estadounidense ha tomado medidas drásticas, como la designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y la preparación de operaciones militares potenciales en territorio mexicano, aunque ha habido tensiones diplomáticas por estas acciones Washington no ha ocultado su intención de actuar con firmeza contra quienes considera responsables de estos problemas, y es claro que su atención se centra también en los actores políticos en México que podrían estar involucrados.
Esta presión externa añade una capa más de complejidad a la situación, y hace que la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en México sea aún más urgente.
Un nuevo capítulo:
El enfrentamiento con la ONU y la verdad de los desaparecidos.
A esta lista de omisiones y negaciones se suma ahora un nuevo capítulo en la tragicomedia política mexicana:
El enfrentamiento con las Naciones Unidas por el tema de los desaparecidos.
En abril de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó por primera vez en su historia el artículo 34 de la Convención Internacional, al recibir informaciones que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática bajo jurisdicción de México.
En su informe más reciente, el organismo señaló que existen «indicios fundados» de que estas desapariciones podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, al haberse producido ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, con participación, autorización o tolerancia de autoridades públicas en distintos niveles..
(Naciones Unidas, 01/04/2026; NotiGAPE, 02/04/2026).
El comité también citó la localización de más de 4,500 fosas clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76 mil restos humanos sin identificar, como evidencia de la gravedad de la situación…
(Naciones Unidas, 01/04/2026).
La respuesta del gobierno de México no se hizo esperar:
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la propia presidenta Sheinbaum, rechazó las afirmaciones del comité, calificándolas de carecer de sustento y de mostrar «mucho desconocimiento» de la realidad Mexicana.
Sheinbaum afirmó que en el país «no hay desaparición forzada desde el Estado» y que el fenómeno se limita a acciones del crimen organizado, negando cualquier responsabilidad de las autoridades actuales o anteriores del régimen morenista…
(RT, 26/05/2025)
Algo que se a vuelto común en la narrativa del régimen morenista…Negar verdadera realidad.
Sin embargo, esta negación choca con la realidad que viven las familias de las víctimas y con las pruebas que han sido presentadas por organismos de derechos humanos y periodistas.
Es importante recordar que durante el gobierno de López Obrador, el número de personas desaparecidas aumentó considerablemente, llegando a más de 51 mil durante su sexenio, según cifras oficiales.
(Cuando el régimen morenista habla de cifras oficiales, es entendible que se habla de inconsistencias y cifras engañosas, osea…Mentiras)
Además, se han documentado casos de complicidad entre funcionarios y el crimen organizado en la desaparición de personas, así como fallas graves en la investigación y la búsqueda de los desaparecidos, como la falta de recursos, la impunidad que supera el 99% y la manipulación de las cifras oficiales.
(Human Rights Watch, 31/12/2025; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo 03/04/2026; Heridas Abiertas, 03/12/2024).
Incluso el propio gobierno federal reconoció en 2021, ante el mismo comité de la ONU, que México vive una crisis humanitaria por las desapariciones forzadas, admitiendo la participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia.
La negación del gobierno de Sheinbaum ante los señalamientos de la ONU es otro ejemplo del cinismo y la desfachatez con el que se maneja el tema de la corrupción y la violencia en México…
Mientras las familias de los desaparecidos siguen buscando a sus seres queridos.
Por lo pronto amable lector, somos rehénes de un régimen que transformó a México en un Narco-Gobierno-Terrorista a base de la corrupción y complicidad, no solo nacional, sino también internacional al aliarse con organizaciones de la delincuencia organizada que operan en otros países…
Eso los hariaen el mejor de los casos, cómplices de terrorismo y desapariciones forzadas.
En mi nada humilde opinión…
#MCarranza
La Verdad Jalisco.
PD.
Imagen realidad con IA…
Pero que refleja una realidad, nada artificial.
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