Por Amaury Sánchez G.
En México hay dos formas de enfrentar al fisco: una es la del ciudadano común, que paga aunque no quiera; la otra es la del poderoso, que discute, estira, acusa y amenaza, Ricardo Salinas Pliego eligió la segunda, y en esa elección no hay rebeldía ni heroísmo: hay privilegio.
Porque aquí no estamos ante un disidente ni ante un perseguido político, estamos ante un empresario con resoluciones fiscales firmes, adeudos determinados y una decisión consciente: no pagar y convertir el incumplimiento en discurso.
El expediente no es nuevo, los créditos fiscales vienen de ejercicios de hace más de una década, derivados de auditorías formales a empresas de Grupo Salinas, no son ocurrencias del gobierno actual ni caprichos ideológicos. Son impuestos omitidos, actualizados y recargados conforme a la ley, lo demás es ruido.
Durante años, la estrategia fue clara: litigar hasta el cansancio, no para ganar el fondo del asunto, sino para ganar tiempo, amparos sobre amparos, recursos sobre recursos, una maquinaria jurídica aceitada no para defender derechos, sino para diferir obligaciones, cada año sin pagar fue dinero trabajando; cada día ganado, una ventaja financiera construida sobre el incumplimiento.
Mientras tanto, el trabajador no litigó nada, el impuesto ya había salido de su salario. la pyme no hizo discursos épicos, pagó o cerró, esa es la diferencia real: no de razón jurídica, sino de músculo económico.
Cuando las instancias se agotaron y la Suprema Corte cerró la puerta, el conflicto dejó de ser legal, se volvió elemental: pagar o no pagar, el plazo llegó, el pago no, a partir de ahí, no hay interpretación posible: hay desacato fiscal.
La ley es clara y, por cierto, no es cruel, primero el requerimiento, luego el procedimiento Administrativo de Ejecución, embargos, aseguramientos, cobro.
Lo mismo que enfrenta cualquier contribuyente que incumple, la cárcel no es automática ni política, el cobro sí, porque el Estado no está para negociar principios, sino para hacer cumplir la ley.
Pero entonces apareció la tercera fase: la ofensiva mediática, el poder económico convertido en poder narrativo, la victimización profesional, el empresario que se dice acosado mientras financia campañas de desprestigio, opinadores, tendencias y escándalos digitales, no es libertad de expresión en igualdad de condiciones: es presión política con billetera.
Hay algo profundamente perverso en ese mecanismo: usar recursos acumulados en parte gracias al no pago de impuestos para atacar a la institución encargada de cobrarlos, es el círculo perfecto del privilegio: no pagar, crecer, y luego acusar al Estado de abusivo cuando intenta cobrar.
El daño no es solo fiscal, es democrático, cuando un multimillonario se coloca por encima de la ley, rompe el pacto básico de la República, los impuestos no financian ideologías; financian hospitales, escuelas, carreteras y seguridad, cada peso que no entra es un peso que falta, y cuando falta, alguien más lo pone, o el país se empobrece.
Aquí no hay una discusión de izquierdas o derechas, hay una pregunta brutalmente simple: ¿la ley alcanza a los ricos o no? Si no alcanza, no tenemos Estado de derecho; tenemos jerarquías. Y eso no es República, es feudo.
Dispuesto a existir. Porque el día que cede ante el dinero, deja de gobernar. Y cuando un hombre cree que México es suyo, lo primero que pierde México no es un juicio: es su dignidad como República.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que La Verdad Jalisco no se hace responsable de los mismos.
