Por la redacción.
En una definición política que marca el rumbo del segundo piso de la transformación, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado el «Plan B» para reformar el sistema electoral y administrativo del país. Esta estrategia surge como una respuesta directa a la necesidad de eliminar los privilegios económicos en las instituciones y trasladar esos recursos a las demandas más urgentes de la ciudadanía. El eje central es claro: ninguna estructura burocrática debe estar por encima de la austeridad que se exige al servicio público.
La lupa sobre los congresos y el costo de la legislación
El corazón de la propuesta radica en establecer topes máximos a los presupuestos de los congresos locales y el Senado. La Presidenta ha sido enfática al señalar que existen disparidades injustificables entre las entidades. Por ejemplo, mientras que en Colima el costo operativo por legislador se mantiene en 5.1 millones de pesos, en estados como Baja California y Morelos las cifras superan los 30 millones.
Para el caso de Jalisco, el desafío es mayúsculo. Nuestro estado registra un presupuesto legislativo superior a los 1,100 millones de pesos, lo que representa un costo promedio por diputado de aproximadamente 26.7 millones de pesos. Aunque el Congreso local ha intentado mantener una política de contención salarial, el «Plan Claudia» obliga a revisar la robusta estructura de servicios personales que consume la mayor parte del presupuesto estatal, colocándonos muy por encima de vecinos como Nayarit o Zacatecas, donde los costos por legislador oscilan entre los 12 y 13 millones de pesos.
El rediseño de los ayuntamientos: Menos regidores, más obra. La reforma no se detiene en las capitales; llega hasta el corazón de los municipios. La propuesta plantea limitar a un máximo de 15 el número de regidores por ayuntamiento. Bajo esta lógica, grandes municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como la propia capital y Zapopan, tendrían que reducir sus cabildos. La narrativa federal sostiene que el ahorro generado por la eliminación de estas plazas debe etiquetarse directamente para servicios básicos como bacheo, luminarias y seguridad, devolviendo el recurso a la calle y no a la nómina política.
Hacia un federalismo de austeridad. Más allá de las cifras, el «Plan Claudia» representa una tensión natural con el pacto federal. Al imponer techos financieros desde la Ciudad de México, se abre el debate sobre la soberanía presupuestal de los estados. Jalisco, históricamente defensor de su autonomía, se encuentra ante la disyuntiva de alinearse a este tabulador nacional o justificar técnicamente por qué su complejidad institucional requiere una inversión mayor que la de estados con menor densidad demográfica.
Finalmente, el plan incluye el fortalecimiento de las consultas populares y la eliminación de la reelección consecutiva para todos los cargos de elección popular a partir del año 2030. Con estas piezas, el Gobierno Federal busca cerrar el paso a la profesionalización de la política basada en el presupuesto, apostando por un modelo de representación más esbelto y directamente vinculado a la voluntad ciudadana. El debate en San Lázaro, que inicia formalmente este lunes, definirá si esta visión de austeridad se convierte en la nueva regla de oro para todos los estados de la República.
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