Por Amaury Sánchez G.
La presidenta Claudia Sheinbaum se plantó en la mañanera con la serenidad de quien ya trae la tarea hecha y soltó la noticia: en el Paquete Económico 2026 se acabó el privilegio de los bancos de deducir de impuestos sus aportaciones al IPAB, es decir, al mismo monstruo que nació como Fobaproa en los noventa.
¡Ah, el Fobaproa! Ese “rescate bancario” que fue más bien el secuestro financiero de los mexicanos. Como buen atraco, empezó con una coartada elegante: había que salvar al sistema bancario para evitar que el país colapsara. Lo que nunca dijeron es que lo que en realidad colapsó fue el bolsillo ciudadano. Y así, la deuda que era privada, producto de la especulación alegre de los banqueros, se convirtió en deuda pública. El pueblo pagó el banquete al que no fue invitado, recogió las botellas vacías y todavía tuvo que barrer el salón.
Pero la historia tiene un giro tragicómico: además de haberse socializado la deuda, los bancos gozaban de la cortesía fiscal de deducir de impuestos las aportaciones que debían hacer al IPAB. Traducido al lenguaje de la tiendita de la esquina: era como si el que provocó el incendio de su casa, además de obligar a los vecinos a reconstruírsela, todavía exigiera factura deducible por el material de construcción.
Sheinbaum, con este anuncio, les está diciendo a los bancos: “la fiesta terminó”. Se calcula que con esta medida el erario recuperará unos 10 mil millones de pesos al año. No es una cifra que vaya a redimir al país del lastre del Fobaproa —ese es un agujero tan profundo que parece diseñado por la NASA para entrenar astronautas—, pero sí significa un principio de justicia.
Para el ciudadano de a pie, que mes con mes paga impuestos sin deducción ni perdón, la medida es un respiro simbólico. Al menos, el gobierno está reconociendo que la banca no debe seguir jugando con dos barajas: una para cobrar intereses de usura y otra para recortar su factura fiscal.
Claro, los banqueros no van a aplaudir. Habrá reuniones de emergencia en oficinas de mármol, donde se quejarán de que el gobierno “afecta la competitividad del sector financiero”. Traducción: que ya no es tan divertido jugar al casino bursátil cuando te quitan el subsidio de la cantina. Lo más probable es que los bancos inventen nuevas comisiones: cobro por respirar dentro de la sucursal, por parpadear frente al cajero automático o por usar bolígrafo ajeno al firmar un pagaré.
Pero el gesto político ya está dado. Sheinbaum está tomando las riendas de un caballo que por décadas corrió desbocado. Y no solo es un movimiento económico: es un mensaje de poder. Decirle “no” al sistema financiero en un país con la memoria fresca del saqueo neoliberal, equivale a recordarle al pueblo que el Estado puede, de vez en cuando, defenderlo de los gigantes de traje y corbata.
El robo del Fobaproa fue legal, sí, pero no por eso menos robo. Se disfrazó de salvación nacional y acabó como condena generacional. Lo que hoy vemos es apenas un ajuste de cuentas, una suerte de recordatorio: el gobierno no tiene por qué seguir perdonando a quienes todavía nos deben el desayuno, la comida y la cena de los noventa.
¿Cambiará la vida de los mexicanos de inmediato? No. ¿Es un acto de justicia histórica? Sí, aunque sea chiquito. Lo que importa es la señal: por primera vez en mucho tiempo, el jinete se sube al caballo con las riendas en la mano. Y eso, en un país acostumbrado a ver a los banqueros cabalgar sobre la espalda del pueblo, ya es ganancia.
Pero no cante victoria, estimado lector: si algún día su banco decide cobrarle comisión por sonreírle al cajero o por usar la pluma de la ventanilla, recuerde que el Fobaproa sigue vivo. Y lo más seguro es que, mientras usted lee estas líneas, ya le estén cargando la propina.
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