POR JORGE EDUARDO GARCÍA PULIDO
La verdad Jalisco.
El análisis de las recientes métricas de RUBRUM para este febrero de 2026 nos sitúa frente a una realidad innegable en la Zona Metropolitana de Guadalajara: la ciudadanía está evaluando el ejercicio del poder desde el desencanto y la fatiga. No estamos ante una competencia de excelencias, sino ante una medición de desgastes donde la pregunta central no es quién gobierna con maestría, sino quién ha cometido errores menos costosos para su capital político. Al contrastar las gestiones de Guadalajara y Tlaquepaque, los números arrojan una sentencia de reprobación generalizada que debería encender todas las alarmas en los respectivos palacios municipales.
En el caso de Guadalajara, los datos de la encuesta son lapidarios para la administración de Verónica Delgadillo. Un rechazo del 58.9% a su reelección no es una cifra aislada, es el reflejo de una gestión que parece haberse extraviado en las formas. Si bien se percibe una estructura administrativa que intenta sostener la operatividad de la capital, el respaldo de apenas un 29.8% sugiere que el ciudadano tapatío no encuentra una correlación entre lo que se le comunica y lo que vive diariamente en sus barrios. La percepción de un gobierno que no termina de asentar sus prioridades reales frente a las necesidades básicas de seguridad y servicios es lo que termina por hundir la intención de voto.
Es imperativo señalar que el ejercicio del poder no puede reducirse a una estrategia de relaciones públicas. En Guadalajara, queda en la memoria colectiva aquella declaración de Verónica Delgadillo en su primer evento como presidenta municipal, donde afirmó con vehemencia que se prometió hacer todo lo que tuviera que hacer para llegar a la silla presidencial. El problema radica en que, a más de un año de haber tomado protesta, parece no quedarle claro que ya llegó y, sin embargo, no gobierna. Su imagen en redes sociales es ciertamente maravillosa, proyectando una realidad impecable, pero su imagen como gobernante ante la opinión pública es preocupante; existe un abismo entre el filtro de la pantalla y el pulso de la ciudad que exige mando y no solo presencia digital.
Por otro lado, la situación en Tlaquepaque con Laura Imelda Pérez, aunque con un 38% de aprobación que la sitúa como la gestión «menos castigada» en términos estadísticos, enfrenta sombras que comprometen su legitimidad operativa. El balance de daños indica que la gobernanza real se mide también por la conducta de quienes ejecutan las órdenes en la calle y representan legalmente al municipio. Aquí es donde la vigilancia sobre los mandos medios y superiores se vuelve crucial para evitar que el ejercicio del poder se confunda con la arbitrariedad.
En el contexto de Tlaquepaque, surge con fuerza el nombre de José Luis Monterde, quien desde la Sindicatura debería ser el garante de la legalidad y el patrimonio municipal. No obstante, el sentir de diversos sectores, especialmente el empresarial, apunta hacia una gestión caracterizada por una severa rigidez que muchos califican como hostigamiento sistemático. Existen señalamientos persistentes sobre un estilo de conducción que, lejos de fomentar la inversión, parece enfocarse en la presión y el amedrentamiento administrativo. Estos reportes sobre tácticas intimidatorias representan un riesgo institucional mayor. Ojo con eso, presidenta, porque cuando la representación jurídica del ayuntamiento es percibida como una herramienta de coacción y no de justicia, se erosiona la confianza básica necesaria para gobernar. La ciudadanía de Tlaquepaque no tolerará un gobierno que permita que la autoridad se desvíe hacia el acoso personal o patrimonial.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que La Verdad Jalisco no se hace responsable de los mismos.
