Por Amaury Sánchez
La reciente rueda de prensa de la diputada Brenda Carrera ha sido un hito en la política local, destapando las profundas fisuras internas que atraviesan a Morena en Jalisco. Lo que comenzó como una justificación técnica sobre su voto a favor del refinanciamiento de la deuda estatal y el Presupuesto 2025, rápidamente se transformó en una denuncia pública de los conflictos internos del partido, revelando más de lo que los morenistas estarían dispuestos a aceptar en su lucha por consolidar poder.
El acto de votar a favor del refinanciamiento de la deuda, que Carrera presentó como una medida responsable para reducir los intereses y liberar recursos que podrían beneficiar a los municipios más empobrecidos, tiene un trasfondo mucho más complejo. La diputada ha mostrado que su decisión no fue simplemente una cuestión de números y balances fiscales, sino una forma de desafiar lo que considera una sumisión de la bancada a los intereses de Movimiento Ciudadano (MC). En sus palabras, la reestructuración de la deuda no solo busca un beneficio económico, sino también un gesto de resistencia ante un sistema de pactos que, según ella, favorece a los intereses de una clase política ajena a los de la gente que los votó.
Este cuestionamiento de Carrera es claro: las luchas internas dentro de Morena no se limitan a diferencias ideológicas, sino que se han transformado en una guerra por el control político. La diputada acusó al senador Carlos Lomelí y al presidente de la bancada, Miguel de la Rosa, de ser responsables de lo que considera una “cooptación” de su partido. Según Carrera, estos actores han cedido ante los intereses de MC, entregando poder legislativo a un partido que, en su visión, no representa el verdadero espíritu de la transformación política que Morena prometió.
Pero más allá de las acusaciones personales y de poder, lo que está en juego aquí es la misma esencia del proyecto político de Morena. La diputada se erige como una defensora de los intereses populares, mostrando su descontento por la falta de autonomía y fortaleza política de su bancada. Su enfrentamiento con figuras clave del partido, al estilo de una “batalla” por los principios fundacionales de Morena, revela un conflicto mucho más profundo: ¿qué significa realmente ser parte de este partido, cuando los intereses del pueblo parecen estar en segundo plano, detrás de los pactos y acuerdos con actores ajenos a su agenda original?
En este sentido, el enfrentamiento no es solo con Lomelí y De la Rosa, sino con la propia lógica de un partido que ha demostrado tener serias dificultades para mantener una coherencia interna entre sus principios y su accionar político. Los señalamientos de Carrera sobre las decisiones de los altos mandos del partido, incluidas las críticas a la presidenta Luisa María Alcalde y su apoyo a iniciativas como los verificentros, evidencian una desconexión entre lo que el partido representa a nivel nacional y la realidad política que se vive a nivel local.
La diputada no solo se defiende de un posible proceso de expulsión dentro de su bancada, sino que abre una reflexión más amplia sobre el rumbo del partido en Jalisco. A medida que las críticas y las descalificaciones se multiplican, parece que Morena está atrapada entre su aspiración a ser una alternativa democrática y el pragmatismo de alianzas con los mismos actores que, en su momento, se prometió sustituir. Si esta lucha no se resuelve a tiempo, la fractura podría ser irreversible, y con ello, la pérdida de la oportunidad de consolidarse como una opción política sólida en la región.
Morena enfrenta un dilema crucial: ¿cómo mantener su unidad en un contexto donde los intereses personales y las maniobras políticas parecen predominar sobre los principios fundacionales que le dieron vida? La diputada Brenda Carrera ha abierto la caja de Pandora, visibilizando una crisis interna que podría terminar en un desgaste irreversible si no se gestiona con prudencia.
Las señales que envía esta disputa son claras: la lucha por el control dentro de Morena en Jalisco podría ser más destructiva que constructiva. Si el partido no es capaz de redefinir sus prioridades y aclarar su visión de unidad, podría perder la capacidad de seguir siendo una opción política creíble y fuerte. En el proceso, lo que parecía ser una crítica legítima a los negocios oscuros podría convertirse en una guerra abierta que divida aún más a la izquierda y dé paso a un vaciamiento de su potencial electoral.
Es cierto que los partidos políticos son estructuras en constante cambio, pero la base sobre la que Morena se construyó no puede ser modificada por conveniencias momentáneas. El futuro del partido en Jalisco está en juego, y si no se encuentran soluciones que resguarden la unidad interna, lo que parecía una oportunidad para consolidar la alternativa de izquierda podría convertirse en un campo de batalla donde las lealtades y las alianzas personales predominen sobre la búsqueda del bien común.
En definitiva, lo que se vive dentro de Morena en Jalisco no es solo una disputa sobre el refinanciamiento de la deuda. Es un reflejo de la incapacidad de un partido para mantenerse fiel a sus orígenes, de las tensiones inherentes entre la política de alianzas y la ética política, y de los riesgos que enfrenta la unidad de un proyecto cuando las divisiones internas no son atendidas con la urgencia que la coyuntura exige. La lucha por el futuro del partido está en marcha, y la manera en que se resuelva este conflicto definirá la historia política de la entidad en los próximos años.
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