Hugo Segoviano
La Constitución de México establece que el Estado debe asegurar la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, así como planificar, dirigir, coordinar y orientar la economía. También debe regular y promover las actividades económicas y «organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que aporte solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento económico para lograr la independencia y la democratización política, social y cultural del país». Para ello, la Carta Magna otorga al Ejecutivo Federal la facultad de establecer «los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, implementación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo». En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es una herramienta para identificar los problemas nacionales y proponer soluciones a lo largo de un periodo de seis años.
El primer antecedente del Plan Nacional de Desarrollo fue el Plan Sexenal, creado por el general Lázaro Cárdenas como parte de su campaña electoral y, una vez en el poder, como se estableció como guía general de su gobierno. Los lineamientos constitucionales mencionados intentaron convertir esta práctica en una obligación para todas las presidencias, con el fin de dar coherencia y continuidad a la administración pública federal. Por lo tanto, cada ejercicio presidencial debe reflejar en un documento estructurado y consensuado con la sociedad los objetivos que se desean alcanzar y los medios para lograrlos.
Aunque podría parecer obvio, el significado de un documento rector del desarrollo no lo es, ya que los gobiernos sucesivos desde 1934 han tenido concepciones y definiciones muy diferentes e incluso opuestas sobre el desarrollo y las políticas para alcanzarlo. En la penúltima década del siglo pasado, hubo un cambio drástico que implicó pasar del desarrollo estabilizador al desarrollo privatizador. El primero se caracterizaba por una fuerte intervención del sector público en la economía, el monopolio estatal en sectores estratégicos, la sustitución de importaciones, el proteccionismo comercial, el fortalecimiento del mercado interno, la construcción de infraestructura por parte del Estado y políticas de fomento a la industrialización tanto privada como público-privada. Esta estrategia incluía el fortalecimiento de las condiciones y prestaciones laborales, mecanismos de redistribución y movilidad social, y el apoyo simultáneo a la producción agrícola y al abasto popular en las ciudades. Este modelo permitió que el país creciera a tasas anuales superiores al 6%, pero entró en crisis en los años setenta.
A principios de los años 70s se reúne un grupo de políticos lidereados por el padre de uno de los más influyentes ex presidentes de los últimos tiempos, ellos plantean la transición hacia las políticas neoliberales, comenzando este proceso en el sexenio de Miguel de la Madrid y siendo completamente implantadas en el sexenio Carlos Salinas de Gortari, lo cual significó en términos generales el desmantelamiento sostenido de la presencia del sector público en actividades inclusive estratégicas o que comprometen la soberanía nacional, una apertura comercial desmedida, el retroceso de los derechos y conquistas laborales, la FRAGMENTACIÓN DE LAS FACULTADES GUBERNAMENTALESEN COMISIONES U ORGANISMOS AUTONOMOS, La inserción del país en la economía global con los consiguientes costos y sobre todo y muy importante para el Desarrollo Urbano, LA DESREGULACIÓN EN TODOS LOS FRENTES.
En ese orden de ideas el Plan Nacional de Desarrollo de 1995-2000 reconoce en México un importante crecimiento económico pero que requiere de una infraestructura adecuada, la cual evidentemente en nuestro país siempre ha sido insuficiente en términos de cantidad y calidad.
Por lo que se debe hacer el señalamiento de que el Desarrollo económico no conlleva un adecuado Desarrollo Urbano, mucho menos el esperado beneficio social que en términos normales se obtiene mediante la Urbanización y la Infraestructura adecuados.
En esta época es también donde se da como resultado del proceso de la FRAGMENTACIÓN DE LAS FUNCIONES GUBERNAMENTALES, la modificación al articulo 115 constitucional, en el marco de la teoría del Nuevo federalismo, concepto que teóricamente tiene aspectos adecuados, sin embargo, en la práctica, sucedió que la gran mayoría de los municipios, no tuvo la capacidad ni lo recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para adaptar el modelo planteado por esta teoría.
Así mismo, uno de los grandes componentes del modelo Neoliberal se centra no solo en concesionar la infraestructura o los servicios públicosa particulares, sino también, en financiar dichos proyectos con recursos públicos.
Al cabo de las 3 ultimas décadas pasadas podemos hacer un balance, en el cual evidentemente resulta un ENORME DESEQUILIBRIO entre la gran mayoría de la población del país y una minoría que ha incrementado sus capitales de manera por demás indecente, adicionalmente los grupos empresariales extranjeros que han vaciado a nuestro país día con día durante este todo tiempo.
Durante este tiempo, se tuvieron los ingredientes necesarios para ROBARNOS la CALIDAD DE VIDA que nos merecemos los mexicanos y que no hemos podido alcanzar, es decir, los recursos que debieron aplicarse en temas de Desarrollo Urbano, Sustentabilidad e Infraestructura, o sea, CALIDAD DE VIDA, se encuentran engordando los capitales de ese reducido grupo de familias super millonarias de nuestro país y las cuentas de las empresas que se han llevado a otros países lo que por derecho nos corresponde.
Aunado a lo anterior se agrega un ingrediente que es fatal para el adecuado Desarrollo Urbano, LA CORRUPCIÓN, lo que ha propiciado en gran medida que nuestras ciudades o asentamientos humanos crezcan de manera inadecuada y en algunos casos hasta de manera caótica.
Hoy en día estamos en la víspera del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el cual seguramente será en gran medida una continuación del PND 2019-2024, en este último se persiguen objetivos muy claros y que de manera definitiva deben cambiar la manera de llevar a la practica el Desarrollo Urbano, los cuales son:
Honradez y honestidad, Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie, El mercado no sustituye al Estado, No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad,Separar el poder político del poder económico, Pleno respeto a los derechos humanos, Hacia una democracia participativa, Construir un país con bienestar, Desarrollo sostenible.
En el tema de proyectos estratégicos que son determinantes en el Desarrollo Urbano Nacional son: El Tren Maya, Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, Aeropuerto Internacional «Felipe Ángeles» en Santa Lucía, pero de ello y otros temas hablaremos posteriormente.
DESARROLLO URBANO Y PLANES NACIONALES DE DESARROLLO
La Constitución de México establece que el Estado debe asegurar la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, así como planificar, dirigir, coordinar y orientar la economía. También debe regular y promover las actividades económicas y «organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que aporte solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento económico para lograr la independencia y la democratización política, social y cultural del país». Para ello, la Carta Magna otorga al Ejecutivo Federal la facultad de establecer «los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, implementación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo». En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es una herramienta para identificar los problemas nacionales y proponer soluciones a lo largo de un periodo de seis años.
El primer antecedente del Plan Nacional de Desarrollo fue el Plan Sexenal, creado por el general Lázaro Cárdenas como parte de su campaña electoral y, una vez en el poder, como se estableció como guía general de su gobierno. Los lineamientos constitucionales mencionados intentaron convertir esta práctica en una obligación para todas las presidencias, con el fin de dar coherencia y continuidad a la administración pública federal. Por lo tanto, cada ejercicio presidencial debe reflejar en un documento estructurado y consensuado con la sociedad los objetivos que se desean alcanzar y los medios para lograrlos.
Aunque podría parecer obvio, el significado de un documento rector del desarrollo no lo es, ya que los gobiernos sucesivos desde 1934 han tenido concepciones y definiciones muy diferentes e incluso opuestas sobre el desarrollo y las políticas para alcanzarlo. En la penúltima década del siglo pasado, hubo un cambio drástico que implicó pasar del desarrollo estabilizador al desarrollo privatizador. El primero se caracterizaba por una fuerte intervención del sector público en la economía, el monopolio estatal en sectores estratégicos, la sustitución de importaciones, el proteccionismo comercial, el fortalecimiento del mercado interno, la construcción de infraestructura por parte del Estado y políticas de fomento a la industrialización tanto privada como público-privada. Esta estrategia incluía el fortalecimiento de las condiciones y prestaciones laborales, mecanismos de redistribución y movilidad social, y el apoyo simultáneo a la producción agrícola y al abasto popular en las ciudades. Este modelo permitió que el país creciera a tasas anuales superiores al 6%, pero entró en crisis en los años setenta.
A principios de los años 70s se reúne un grupo de políticos lidereados por el padre de uno de los más influyentes ex presidentes de los últimos tiempos, ellos plantean la transición hacia las políticas neoliberales, comenzando este proceso en el sexenio de Miguel de la Madrid y siendo completamente implantadas en el sexenio Carlos Salinas de Gortari, lo cual significó en términos generales el desmantelamiento sostenido de la presencia del sector público en actividades inclusive estratégicas o que comprometen la soberanía nacional, una apertura comercial desmedida, el retroceso de los derechos y conquistas laborales, la FRAGMENTACIÓN DE LAS FACULTADES GUBERNAMENTALESEN COMISIONES U ORGANISMOS AUTONOMOS, La inserción del país en la economía global con los consiguientes costos y sobre todo y muy importante para el Desarrollo Urbano, LA DESREGULACIÓN EN TODOS LOS FRENTES.
En ese orden de ideas el Plan Nacional de Desarrollo de 1995-2000 reconoce en México un importante crecimiento económico pero que requiere de una infraestructura adecuada, la cual evidentemente en nuestro país siempre ha sido insuficiente en términos de cantidad y calidad.
Por lo que se debe hacer el señalamiento de que el Desarrollo económico no conlleva un adecuado Desarrollo Urbano, mucho menos el esperado beneficio social que en términos normales se obtiene mediante la Urbanización y la Infraestructura adecuados.
En esta época es también donde se da como resultado del proceso de la FRAGMENTACIÓN DE LAS FUNCIONES GUBERNAMENTALES, la modificación al articulo 115 constitucional, en el marco de la teoría del Nuevo federalismo, concepto que teóricamente tiene aspectos adecuados, sin embargo, en la práctica, sucedió que la gran mayoría de los municipios, no tuvo la capacidad ni lo recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para adaptar el modelo planteado por esta teoría.
Así mismo, uno de los grandes componentes del modelo Neoliberal se centra no solo en concesionar la infraestructura o los servicios públicosa particulares, sino también, en financiar dichos proyectos con recursos públicos.
Al cabo de las 3 ultimas décadas pasadas podemos hacer un balance, en el cual evidentemente resulta un ENORME DESEQUILIBRIO entre la gran mayoría de la población del país y una minoría que ha incrementado sus capitales de manera por demás indecente, adicionalmente los grupos empresariales extranjeros que han vaciado a nuestro país día con día durante este todo tiempo.
Durante este tiempo, se tuvieron los ingredientes necesarios para ROBARNOS la CALIDAD DE VIDA que nos merecemos los mexicanos y que no hemos podido alcanzar, es decir, los recursos que debieron aplicarse en temas de Desarrollo Urbano, Sustentabilidad e Infraestructura, o sea, CALIDAD DE VIDA, se encuentran engordando los capitales de ese reducido grupo de familias super millonarias de nuestro país y las cuentas de las empresas que se han llevado a otros países lo que por derecho nos corresponde.
Aunado a lo anterior se agrega un ingrediente que es fatal para el adecuado Desarrollo Urbano, LA CORRUPCIÓN, lo que ha propiciado en gran medida que nuestras ciudades o asentamientos humanos crezcan de manera inadecuada y en algunos casos hasta de manera caótica.
Hoy en día estamos en la víspera del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el cual seguramente será en gran medida una continuación del PND 2019-2024, en este último se persiguen objetivos muy claros y que de manera definitiva deben cambiar la manera de llevar a la practica el Desarrollo Urbano, los cuales son:
Honradez y honestidad, Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie, El mercado no sustituye al Estado, No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad,Separar el poder político del poder económico, Pleno respeto a los derechos humanos, Hacia una democracia participativa, Construir un país con bienestar, Desarrollo sostenible.
En el tema de proyectos estratégicos que son determinantes en el Desarrollo Urbano Nacional son: El Tren Maya, Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, Aeropuerto Internacional «Felipe Ángeles» en Santa Lucía, pero de ello y otros temas hablaremos posteriormente.
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