Guadalajara, Jalisco. 11 de febrero. Durante una entrevista realizada este miércoles en las instalaciones del Poder Legislativo, César Íñiguez González, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Congreso del Estado de Jalisco, denunció actos de intimidación y sabotaje por parte de personal de seguridad, quienes intentaron frenar sus declaraciones respecto a las irregularidades en el proceso de escalafón y el concurso de plazas.
Lo que inició como un reporte sobre el estancamiento del concurso público para 90 plazas, acordado institucionalmente desde hace más de un año, derivó en una confrontación directa cuando el jefe de seguridad del recinto intervino para interrumpir la grabación. Ante la exigencia del funcionario de seguridad de detener la entrevista, Íñiguez González señaló que estos actos de censura ocurren sistemáticamente cada vez que se tocan temas sensibles sobre el manejo de recursos y la administración interna.
El líder sindical calificó a los intervinientes como “rijosos” que, bajo la fachada de trabajadores, operan a favor de la autoridad administrativa para silenciar los reclamos legítimos de la base trabajadora. Íñiguez fue enfático al declarar que resulta sospechoso que el personal de seguridad aparezca y confronte a la representación sindical precisamente cuando se señalan malos manejos de las cuentas públicas y la vulnerabilidad de los derechos laborales.
En el intercambio, el Secretario General acusó directamente al encargado de la seguridad de jugar un doble rol, actuando como brazo ejecutor del patrón mientras se ostenta como compañero de trabajo, con el fin de sabotear la defensa de los derechos colectivos a cambio de beneficios individuales o “premios en lo oscurito”.
Íñiguez González reiteró que no cesarán en la exigencia de transparencia para la asignación de las 90 plazas que se encuentran en juego, advirtiendo que existen intentos claros de manipular el proceso para favorecer a intereses particulares. El líder sindical concluyó haciendo un llamado a los trabajadores para no permitir que la división y el amedrentamiento frenen la lucha por lo que por derecho les corresponde, instando a la mayoría a mantenerse firme frente a quienes protegen a la autoridad en detrimento del gremio.
En este escenario de opacidad, las miradas se dirigen hacia un presunto implicado clave en la administración legislativa: el Secretario General del Congreso, Eduardo Lomelí. Su figura, que debería operar como la llave maestra de la transparencia institucional, ha sido cuestionada por funcionar más como un vínculo operativo para el manejo discrecional de recursos humanos. Lejos de garantizar la imparcialidad y la legalidad en el recinto, su gestión parece haberse convertido en el candado que impide la claridad administrativa que hoy exige la base trabajadora.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que La Verdad Jalisco no se hace responsable de los mismos.
