Por Carlos Anguiano
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México sigue siendo una democracia joven. Desde inicios de este siglo, la competencia electoral ha operado como un mecanismo de presión: ningún partido puede dar por segura la siguiente elección y, al menos en el diseño institucional, ningún gobernante debería sentirse inmune al escrutinio al concluir su mandato. Esa incertidumbre ha sido una virtud.
En 2026, el entorno político es más polarizado que en años anteriores. Millones respaldan con convicción el proyecto de la llamada “Cuarta Transformación”, encabezado por Claudia Sheinbaum tras el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Otros millones lo rechazan con la misma intensidad. La conversación pública oscila entre la adhesión emocional y la descalificación automática.
En este escenario, evaluar al gobierno exige más que consignas. Implica revisar indicadores verificables: crecimiento económico, inflación, empleo formal, niveles de pobreza, cobertura de salud, calidad educativa, seguridad pública, inversión en infraestructura, deuda y manejo presupuestal. También supone medir la confianza en las instituciones y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos en su vida cotidiana.
Hay avances y rezagos. La ampliación de programas sociales ha incrementado transferencias directas a millones de hogares; al mismo tiempo, la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto siguen bajo análisis técnico. En seguridad, la percepción ciudadana continúa siendo uno de los principales desafíos. En combate a la corrupción, el discurso ha sido central, pero la exigencia de resultados judiciales firmes permanece abierta.
Lo relevante es que la sociedad observa más que antes. La expansión de plataformas digitales y el acceso a información pública han reducido márgenes de opacidad. Atar las manos al poder mediante vigilancia ciudadana, transparencia y contrapesos ha sido un avance real, aunque insuficiente.
El problema aparece cuando la evaluación estratégica se sustituye por identidad política. Cuando el respaldo o el rechazo se vuelven parte de la identidad personal, la deliberación se empobrece. Se justifica todo o se condena todo. En ese terreno, la política deja de ser análisis racional y se convierte en trinchera.
Desde 1950, Octavio Paz advirtió en El laberinto de la soledad rasgos culturales que aún interpelan: valorar más el cargo que a la persona, improvisar con talento pero sin institucionalizar, mirar el futuro con fatalismo y vivir la vida pública como catarsis. Más de siete décadas después, esas observaciones siguen presentes en el debate contemporáneo.
Dentro de ese laberinto, la política suele concebirse como asunto de élites. Una minoría decide; otra aspira a decidir; la mayoría observa, respalda o critica desde la distancia. El riesgo es claro: si la ciudadanía se limita a aplaudir o abuchear, la democracia se reduce. Cambiar de partido en el poder sin un proyecto compartido no garantiza mejores resultados.
México ya vivió alternancias: del dominio priista a la transición con el PAN, el retorno del PRI y la consolidación de un movimiento de izquierda que reconfiguró el mapa político. En 2026, el debate no debería centrarse en destruir lo anterior ni en defenderlo sin matices, sino en construir una ruta de largo plazo que trascienda sexenios.
Esa ruta exige acuerdos básicos: crecimiento con inclusión, fortalecimiento institucional, seguridad con respeto a derechos, inversión productiva, educación de calidad y un sistema de salud funcional. No son banderas partidistas; son necesidades nacionales.
Más allá de ejercer el voto, la cultura política debe ampliarse. El voto emocional, ya sea por esperanza o por enojo, rara vez resuelve problemas estructurales. Se requiere participación informada: revisar presupuestos, exigir rendición de cuentas, involucrarse en espacios comunitarios y evaluar políticas con datos, no sólo con narrativas.
La polarización puede ser síntoma de una sociedad viva, pero también un obstáculo si cancela el diálogo. México no necesita unanimidad; necesita ciudadanía crítica y responsable. No basta con creer o detestar: es indispensable comprender, comparar y proponer.
El futuro democrático no depende exclusivamente del partido en el poder ni de la oposición. Depende de la capacidad colectiva para exigir resultados medibles, rechazar abusos sin importar su origen y respaldar políticas eficaces sin importar su color.
La democracia se construye todos los días. Si queremos que el país avance con rumbo y estabilidad, debemos abandonar la comodidad de la trinchera y asumir el compromiso ciudadano de informarnos mejor, participar más y evaluar con rigor. Sólo así la fe y el rechazo podrán transformarse en responsabilidad compartida.
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