Por: Redacción
El actual modelo de fiscalización en México ha alcanzado un límite que exige una transformación profunda hacia una verdadera función de Estado. Para la académica de la Universidad de Guadalajara, Aimé Figueroa Neri, es fundamental que los legisladores asuman plenamente su responsabilidad en la vigilancia del gasto público. Aunque la labor técnica recae en las auditorías, el poder de contrapeso debe permanecer en el Poder Legislativo, especialmente frente a un Poder Ejecutivo que concentra el mayor ejercicio presupuestal.
Tras veintiséis años de evolución institucional, los resultados de la Auditoría Superior, tanto a nivel federal como estatal, deben dejar de ser meros informes para convertirse en herramientas vinculantes en la toma de decisiones financieras y presupuestales.
Uno de los principales obstáculos detectados es la saturación normativa. La doctora Figueroa Neri advierte que el problema no radica en la falta de leyes, sino en la complejidad del Sistema Nacional Anticorrupción y sus réplicas locales. Este exceso de entes y regulaciones ha generado un entramado institucional que, en la práctica, se encuentra atascado. El reto actual no es ampliar la legislación, sino lograr que las leyes existentes se engarcen de manera eficiente para que la fiscalización pase de ser un concepto en papel a una práctica posible y fluida que responda a la realidad del país.
La urgencia de contar con personal profesional de alto nivel en las secretarías de Hacienda y en los órganos de auditoría se vuelve crítica ante el panorama económico actual. Con un déficit fiscal considerable y una deuda pública que roza sus límites, la eficiencia en el uso del recurso público no es opcional. Es imperativo que quienes operan estos sistemas comprendan a fondo el uso del dinero de los impuestos, garantizando que cada peso sea destinado a satisfacer las necesidades de la población bajo un modelo de gestión que ya dio de sí y requiere una renovación urgente.
En cuanto a la participación ciudadana, la académica desmitifica la idea de que la fiscalización es un terreno exclusivo para técnicos. La sociedad civil y las universidades públicas cuentan con la capacidad para involucrarse activamente en procesos clave, desde el diseño del plan anual de auditorías hasta la supervisión de las metodologías empleadas.
La transparencia en los patrones que siguen las auditorías es esencial para que la ciudadanía comprenda por qué se supervisan ciertos rubros y otros no, permitiendo que la vigilancia social fortalezca la integridad de la función pública.
Finalmente, Figueroa Neri hace énfasis en la necesidad de abrir espacios a las mujeres en los mandos superiores de control. A pesar de contar con perfiles de probada eficacia y continuidad, como la contralora Tere Brito, persisten techos de cristal en las auditorías superiores de la federación y los estados.
La incorporación de la perspectiva de género y la visión femenina en la fiscalización son elementos clave para una reforma que busque, ante todo, la transparencia y el beneficio social, bajo la premisa de que los recursos públicos pertenecen a todos los ciudadanos.
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