Por, Rubén Iñiguez
En los últimos años, Ricardo Salinas Pliego ha sido blanco constante de críticas por su postura firme frente a las autoridades fiscales. Se le acusa de no querer pagar impuestos, de deberle “al pueblo” y de operar fuera de la ley. Pero más allá del juicio mediático y el linchamiento popular, es necesario abrir un debate serio y honesto sobre lo que representa la carga fiscal en México y, sobre todo, reconocer que el empresario tiene derecho a cuestionar los excesos del Estado.
Una de las grandes mentiras que se ha instalado en el imaginario colectivo es que los ingresos de las empresas le pertenecen al pueblo. Esa idea es no sólo incorrecta, sino peligrosa. Los recursos generados por una empresa son fruto del esfuerzo, del riesgo, de la inversión y de la disciplina del emprendedor. El gobierno no produce, no emplea capital, no pone en juego su patrimonio, y aun así, exige una tajada fija de las utilidades como si le correspondiera por derecho natural.
El Impuesto Sobre la Renta, que puede alcanzar hasta un 32% para personas morales, no convierte al SAT en socio de ninguna empresa. El organismo de recaudación no aporta ideas, no cubre las nóminas, no financia la operación ni se presenta cuando los números están en rojo. Sin embargo, exige cobrar como si hubiera estado desde el primer día compartiendo el riesgo. Eso no es justicia fiscal; eso es extorsión legalizada.
Ricardo Salinas Pliego ha puesto el dedo en la llaga: no se trata de evadir, sino de exigir reglas claras y trato justo. Cuestionar al Estado no sólo es válido, sino necesario en una democracia. Mientras tanto, los servicios públicos siguen siendo deficientes, los trámites un calvario, y la corrupción, el pan de cada día. La pregunta ya no es si se deben pagar impuestos, sino si el sistema fiscal está dando lo que promete a cambio de lo que exige.
La narrativa oficial ha intentado posicionar a los empresarios como enemigos del pueblo. Quieren que creamos que el que genera riqueza es una amenaza y no un motor de desarrollo. Pero sin empresas, no hay empleos, no hay innovación y no hay futuro. Castigar al que produce sólo genera estancamiento.
Detrás del estilo polémico de Salinas Pliego hay una verdad incómoda: en México, al emprendedor se le trata peor que al burócrata. El gobierno quiere cobrar como accionista, sin haber invertido un solo centavo. Esa mentalidad debe cambiar si queremos que el país avance.
Dejar de ver a los empresarios como los manos del cuento es sano para el país. Hay que entender que pagar impuestos no debe ser sinónimo de castigo. La fiscalización no puede convertirse en un arma ideológica ni en una cacería mediática. Lo que México necesita es un sistema justo, transparente y equitativo. Y para eso, voces como la de Ricardo Salinas Pliego son más necesarias que nunca.
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