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IMSS-Bienestar frente al IMSS, ISSSTE y los servicios estatales de salud: hospitales saturados y trabajadores bajo presión.

Por Jorge Eduardo García Pulido.

La transformación del sistema sanitario mexicano enfrenta una prueba que no puede resolverse con discursos de universalidad: la capacidad real de los hospitales públicos para atender a millones de personas y las condiciones laborales de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo. Médicos, enfermeras, especialistas, camilleros, técnicos y personal administrativo trabajan en instituciones que comparten una misma crisis estructural, aunque operan con presupuestos, derechos laborales y capacidades muy diferentes.

IMSS-Bienestar, IMSS, ISSSTE y los servicios de la Secretaría de Salud no son instituciones equivalentes. El primero atiende principalmente a población sin seguridad social; el IMSS protege a trabajadores del sector formal y sus familias; el ISSSTE proporciona cobertura a servidores públicos y sus derechohabientes, mientras que la Secretaría de Salud mantiene funciones de rectoría, salud pública y atención mediante sus distintas unidades e institutos. Sin embargo, el ciudadano no debería recibir una atención de menor calidad por el simple hecho de pertenecer a uno u otro esquema.

Las cifras presupuestales de 2026 muestran una desigualdad considerable. De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el gasto público estimado por persona es de 4 mil 412 pesos en IMSS-Bienestar, 10 mil 074 pesos en el IMSS y 11 mil 385 pesos en el ISSSTE. La diferencia evidencia una desventaja financiera para la población sin seguridad social, que dispone de menos de la mitad de los recursos estimados por usuario que el ISSSTE.

Pero más allá del dinero, los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI exhiben una realidad preocupante. La satisfacción general con los servicios médicos fue de apenas 47% en IMSS-Bienestar, 45.8% en el ISSSTE y 43.3% en el IMSS. En materia de saturación, únicamente 29.3% de los usuarios de IMSS-Bienestar, 24.1% del ISSSTE y 18.1% del IMSS consideraron que las clínicas y hospitales no estaban saturados.

La disponibilidad de medicamentos tampoco ofrece un panorama satisfactorio: solamente 34.1% de los usuarios de IMSS-Bienestar, 42.3% del ISSSTE y 42.8% del IMSS manifestaron satisfacción con este aspecto. Son indicadores que obligan a cuestionar si la infraestructura hospitalaria, el equipamiento y las plantillas médicas están creciendo al ritmo de la demanda.

El problema tampoco termina en las puertas del hospital. Un análisis de México Evalúa, basado en la ENIGH 2024, documentó tiempos promedio de espera de 79 minutos en el IMSS, 70 minutos en unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud, 62 minutos en el ISSSTE y 52 minutos en IMSS-Bienestar. En el sector privado, el promedio fue de 25 minutos. La comparación revela una diferencia importante en la oportunidad de atención y explica por qué tantas familias terminan recurriendo a consultorios particulares, farmacias y otros servicios privados.

Sin embargo, sería profundamente injusto convertir esta crisis en una acusación contra los trabajadores de la salud. El problema no es la falta de vocación de médicos y enfermeras, sino un sistema que necesita más personal, mejores condiciones laborales, equipamiento funcional, medicamentos y capacidad hospitalaria. La fragmentación también se reproduce entre los propios trabajadores: el personal del IMSS, ISSSTE y las instituciones estatales de salud tiene distintos regímenes contractuales, prestaciones, tabuladores y esquemas de seguridad social.

La transferencia de trabajadores estatales a IMSS-Bienestar ha requerido preservar derechos previamente adquiridos, pero eso no significa que exista una homologación automática de condiciones laborales y salariales. El decreto de creación de la institución contempla el respeto a derechos individuales y pensionarios, al mismo tiempo que reconoce que determinados esquemas de remuneración están sujetos a las disponibilidades presupuestarias. Esta situación exige claridad sobre las plazas, antigüedad, prestaciones, estabilidad y posibilidades de desarrollo profesional.

El propio Gobierno ha reconocido la dimensión del desafío mediante nuevos programas de contratación y fortalecimiento institucional. Para IMSS-Bienestar se anunciaron 118 mil 38 plazas destinadas a dar certeza laboral a sus trabajadores, así como la contratación de 19 mil 314 profesionales de la salud, entre especialistas, médicos generales, residentes, personal de enfermería y paramédicos. En el ISSSTE se anunciaron 12 acciones que contemplan la incorporación de mil 710 especialistas, 502 enfermeras y 250 médicos generales. En el IMSS se comprometió la basificación de 10 mil 939 trabajadores eventuales y la contratación de 2 mil 500 especialistas. Son compromisos importantes, pero deberán evaluarse por su cumplimiento y por sus resultados concretos en la atención.

La pregunta de fondo es inevitable: ¿podemos hablar de un servicio universal de salud cuando todavía existen hospitales saturados, medicamentos que no llegan, especialistas insuficientes y trabajadores que enfrentan condiciones contractuales diferentes dentro de un mismo sistema público?

La universalidad no consiste en permitir que un paciente ingrese indistintamente a cualquier hospital. Significa garantizar que encuentre un médico disponible, medicamentos completos, estudios diagnósticos, camas, quirófanos y seguimiento especializado, sin que su condición laboral o económica determine la calidad de su tratamiento.

México necesita un sistema sanitario coordinado, financiado y profesionalizado, que proteja por igual a los pacientes y a quienes los atienden. No se trata de construir una institución sobre las debilidades de otra ni de trasladar responsabilidades sin presupuesto suficiente. Se trata de fortalecer todas las capacidades públicas.

Un hospital no se mide por el número de camas que anuncia, sino por la capacidad de salvar vidas. Y un sistema de salud no puede considerarse universal mientras la calidad de la atención dependa de la institución a la que pertenece el paciente. La salud pública necesita inversión, derechos laborales, transparencia y resultados, no solamente una nueva credencial.


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