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Salud sin respaldo y cuotas bajo asedio: la tormenta financiera que ya paga la clase trabajadora.

Por Jorge Eduardo García Pulido.

Detrás del discurso oficial de universalizar los servicios de salud, México enfrenta una creciente crisis financiera, institucional y social que amenaza con comprometer los recursos de la seguridad social y trasladar sus costos a quienes sostienen la economía formal. La promesa de terminar con la fragmentación del sistema sanitario avanza sin una estructura presupuestal ni jurídica suficientemente sólida, mientras persisten el desabasto de medicamentos, la saturación hospitalaria y las desigualdades en el acceso a los servicios.

El punto de inflexión ocurrió el 1 de julio de 2025, cuando, ante la falta de 32 mil millones de pesos presupuestados para el extinto programa IMSS-Bienestar, un decreto presidencial trasladó al régimen ordinario del IMSS la atención de casi 11 millones de personas sin seguridad social. La decisión incorporó hospitales y unidades médicas sin una reforma integral a la Ley del Seguro Social ni garantías permanentes de financiamiento federal. Como consecuencia, el Instituto tuvo que utilizar más de 21 mil millones de pesos de sus propias reservas y asumir pasivos laborales por 5 mil 750 millones de pesos.

Las proyecciones financieras advierten que absorber plenamente las prestaciones médicas de esta población podría representar entre 88 mil y 121 mil millones de pesos anuales, adelantando el posible agotamiento de las reservas del Seguro Social de 2037 al periodo 2029-2033. El problema es particularmente delicado porque el presupuesto nacional de salud para 2026, de 996 mil 528 millones de pesos, representa apenas 2.6% del PIB, muy por debajo del 6% recomendado internacionalmente.

La desigualdad también se refleja en los recursos disponibles por usuario: mientras el gasto por persona en el IMSS ordinario alcanza los 9 mil 635 pesos, en IMSS-Bienestar disminuyó a 4 mil 412 pesos. A esto se suman recortes presupuestales, particularmente en medicamentos y hospitales de alta especialidad, así como conflictos laborales derivados de la falta de homologación salarial. La anunciada credencialización del Servicio Universal de Salud tampoco resuelve todavía cómo se financiará el intercambio de pacientes entre instituciones que ya operan bajo presión. Mientras tanto, las familias continúan pagando de su bolsillo una proporción de 39.1% del gasto sanitario.

A esta presión se agrega un problema estructural: la evasión patronal mediante el subregistro salarial. El propio informe financiero del IMSS correspondiente a 2025-2026 advierte que registrar a los trabajadores con salarios inferiores a los realmente percibidos genera pérdidas superiores a 500 mil millones de pesos anuales en cuotas obrero-patronales. Esta práctica perjudica directamente a los empleados, quienes reciben menores subsidios por incapacidad y acumulan menos recursos para su retiro. Así, mientras se utilizan reservas contributivas para cubrir obligaciones de carácter general, la evasión debilita todavía más los ingresos del Instituto.

El sector empresarial también manifiesta preocupación. Las micro y pequeñas empresas enfrentan mayores costos de contratación formal, en un contexto donde la informalidad laboral alcanzó 54.3% y las condiciones críticas de ocupación llegaron a 37.5%. Organizaciones empresariales han solicitado revisar el destino de las cuotas, ante el riesgo de que las aportaciones de trabajadores y patrones terminen financiando obligaciones que deberían cubrirse mediante impuestos generales.

La contradicción se extiende a los programas sociales. La ampliación de la Beca Rita Cetina al nivel primaria representa un avance en cobertura, pero mantiene exclusiones para estudiantes de escuelas privadas y modalidades no escolarizadas, además de imponer requisitos digitales que dificultan el acceso a familias con limitaciones de conectividad o disponibilidad de tiempo. La universalidad anunciada tampoco ha eliminado las brechas de cobertura, mientras otros programas, como el apoyo a hijos de madres trabajadoras, registraron subejercicios presupuestales.

El trasfondo es también jurídico. La absorción de servicios médicos mediante decreto, sin una reforma legal integral que defina responsabilidades, financiamiento y derechos exigibles, abre interrogantes sobre el uso de las cuotas obrero-patronales y la protección de las reservas del IMSS. La transición sanitaria requiere reglas claras, transparencia presupuestal, mecanismos de portabilidad y garantías efectivas de atención para todos los ciudadanos.

México enfrenta, por tanto, una paradoja: en nombre de la universalidad, se está poniendo bajo presión al sistema que protege a millones de trabajadores que cotizan semana tras semana. Si el Gobierno no corrige la distribución del gasto, fortalece la recaudación, combate la evasión patronal y establece un respaldo fiscal permanente para la población sin seguridad social, el resultado puede ser una doble crisis: hospitales públicos incapaces de responder a la demanda y un Seguro Social descapitalizado.

La salud universal no puede construirse a costa de la seguridad social de quienes trabajan. La solidaridad del Estado no debe confundirse con la utilización de los ahorros de los trabajadores. Porque cuando las reservas se agotan, las cuotas se desvían y los servicios no llegan, la factura termina pagándola la misma clase trabajadora que mantiene en pie al país.


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