Jorge Eduardo García Pulido.
La nueva mayoría demócrata en el Legislativo estadounidense modifica el equilibrio político de Washington, pero no cancela las facultades comerciales de Donald Trump. Marcelo Ebrard deberá negociar ante una Casa Blanca políticamente debilitada, aunque todavía capaz de presionar económicamente a México.
La derrota republicana en las elecciones intermedias de Estados Unidos abre un nuevo capítulo en la relación comercial con México. El resultado representa un revés político para Donald Trump, quien pierde el control de ambas cámaras del Congreso; sin embargo, sería un error interpretar este escenario como una reducción automática de su capacidad para presionar a nuestro país en materia de comercio exterior.
El punto central está en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya revisión se ha convertido en uno de los principales instrumentos de presión económica de Washington. La pregunta ya no es solamente qué modificaciones pretende introducir la administración estadounidense, sino qué estrategia adoptará Trump después de recibir un mensaje adverso en las urnas y cuánto margen conservará Marcelo Ebrard para defender los intereses mexicanos.
La advertencia más importante llegó del propio secretario de Economía. El 4 de noviembre, Ebrard reconoció que el cambio en la composición del Congreso estadounidense no modifica automáticamente las facultades presidenciales para imponer aranceles. Un día después reiteró que todavía es prematuro medir el impacto de los resultados electorales sobre la relación comercial y explicó que México ha sostenido tres rondas de conversaciones, mientras espera una cuarta, pospuesta a petición de Estados Unidos.
La declaración contiene una lectura estratégica: Trump pierde fuerza legislativa, pero mantiene herramientas ejecutivas para sostener su política arancelaria. Por tanto, la nueva correlación de fuerzas en Washington podría abrir espacios de negociación para México, aunque también puede provocar que el presidente estadounidense busque recuperar capacidad política mediante una postura comercial más agresiva.
El escenario no es una especulación aislada. Desde julio, Washington se negó a renovar el T-MEC por un nuevo periodo de 16 años en sus condiciones actuales y optó por mantenerlo sujeto a revisiones periódicas, mientras continúan las negociaciones. El tratado permanece vigente, pero la decisión estadounidense introdujo incertidumbre para las empresas y las cadenas productivas de América del Norte.
En ese contexto, Trump podría utilizar la revisión del acuerdo para insistir en condiciones más favorables para la industria estadounidense, particularmente en sectores como el automotriz, el acero, el aluminio, las reglas de origen y la competencia con economías asiáticas. La presión arancelaria seguiría siendo una herramienta de negociación, aun cuando el Congreso esté ahora bajo control demócrata.
Para México, el desafío consiste en evitar que la revisión se transforme en una renegociación unilateral condicionada por amenazas comerciales. La integración económica entre ambos países representa una de las principales defensas mexicanas: gravar productos fabricados en territorio nacional también puede elevar costos para compañías estadounidenses que dependen de cadenas de suministro compartidas. Ebrard ha utilizado precisamente ese argumento para explicar por qué una política arancelaria indiscriminada puede terminar perjudicando a las propias empresas de Estados Unidos.
Pero la negociación también abre una interrogante política sobre el papel del secretario de Economía. ¿Conservará Ebrard el mismo nivel de interlocución con Washington después del cambio electoral? Hasta ahora, la evidencia pública permite hablar de una relación institucional y negociadora con representantes estadounidenses, no de un respaldo político de Estados Unidos a su eventual aspiración presidencial rumbo a 2030.
Esa distinción es fundamental. La interlocución comercial de Ebrard depende de su responsabilidad como funcionario del gobierno mexicano, del respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la capacidad de ambos gobiernos para construir acuerdos. No debe confundirse con una supuesta preferencia de Washington sobre quién debería encabezar el futuro político de Morena.
La derrota de Trump podría modificar el tono de las conversaciones, fortalecer la supervisión legislativa y ofrecer a México nuevos argumentos para defender sus posiciones. Sin embargo, también puede incentivar al mandatario estadounidense a elevar el costo político de cualquier concesión y convertir el comercio exterior en un terreno de confrontación interna.
El verdadero examen de Ebrard será demostrar que puede sostener una negociación eficaz sin confundir interlocución con respaldo, ni estabilidad temporal con una victoria definitiva. La continuidad del T-MEC, la reducción de los aranceles y la certidumbre para la inversión serán los indicadores concretos de su desempeño.
Luis Videgaray aparece en esta historia únicamente como antecedente histórico de la interlocución mexicana con el entorno de Trump durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La coyuntura actual es distinta y tiene otros protagonistas, otras condiciones comerciales y una relación institucional encabezada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
La nueva etapa obliga a México a negociar con una administración estadounidense debilitada en el Congreso, pero no desarmada en materia económica. Para Marcelo Ebrard, el desafío no será solamente conservar un canal de comunicación con Washington, sino convertirlo en resultados verificables para el país.
Porque perder el control del Congreso no significa perder el poder de presionar. Y en la revisión del T-MEC, México tendrá que demostrar que sabe negociar incluso cuando su principal socio comercial atraviesa una crisis política interna.
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