Las crisis de agua en los gobiernos de Movimiento Ciudadano.

Jorge Eduardo García Pulido.

El discurso de eficiencia, modernidad y buen gobierno promovido por las administraciones de Movimiento Ciudadano (MC) se ha estrellado de frente contra la realidad de los grifos secos, las redes colapsadas y el agua contaminada. Tanto en Nuevo León como en Jalisco, la gestión hídrica bajo los mandatos «naranjas» ha expuesto un patrón común: la priorización de los grandes intereses corporativos sobre el consumo humano, la improvisación de megaproyectos costosos y el colapso operativo y financiero de los organismos encargados de garantizar el derecho al agua.

​En Nuevo León, la crisis del «Día Cero» en 2022 dejó al descubierto la inequidad social promovida desde el poder estatal. Mientras más de 1.3 millones de habitantes en las colonias periféricas del Área Metropolitana de Monterrey padecieron racionamientos severos y cortes prolongados, el sector industrial mantuvo un flujo ininterrumpido. Registros oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revelan la existencia de 64 concesiones industriales en la zona metropolitana que amparan casi 50 millones de metros cúbicos anuales. Tan solo la transnacional siderúrgica Ternium ostenta títulos para extraer 9.8 millones de metros cúbicos al año. Frente al desabasto, la administración de Samuel García no reestructuró estos privilegios, sino que apostó por la vía acelerada del Acueducto El Cuchillo II, una obra cuyo costo se disparó a casi 15 mil millones de pesos, imponiendo además un gasto energético permanente al bombear agua a contracorriente de la topografía.

​En Jalisco, la historia de omisiones e ineficiencia alcanza matices aún más graves. El sistema de presas Zapotillo-El Salto-La Red-Calderón trascendió como una crónica de 16 años de conflicto social, litigios y un costo acumulado superior a los 37 mil millones de pesos antes de lograr su reconfiguración. A la par, el cacareado saneamiento de la cuenca del Río Santiago sigue siendo una promesa incumplida. Aunque se han inyectado miles de millones de pesos en macroplantas como El Ahogado (con inversiones recientes superiores a los 1,064 millones de pesos), el 67% de las plantas de tratamiento del estado operan con tecnología de lodos activados, una herramienta totalmente inútil para remover los metales pesados y compuestos químicos que los corredores industriales vierten impunemente en los cauces.

​El emblema definitivo del colapso institucional en Jalisco es el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Bajo la vista gorda del Ejecutivo estatal, el SIAPA pierde el 36.8% del agua potable que distribuye debido a fugas en tubos obsoletos y tomas clandestinas, dejando sin atender cuatro de cada diez reportes ciudadanos. La negligencia escaló a una auténtica emergencia sanitaria cuando agua turbia, fétida y cargada de sedimentos comenzó a salir de los grifos en 655 colonias abastecidas por la Planta Potabilizadora No. 1 «Miravalle«. Monitoreos ciudadanos independientes confirmaron que el 93% de las muestras analizadas violaban las normas de potabilidad, detectando la presencia de plomo, mercurio, aluminio, hierro y coliformes fecales.

​Esta vulneración masiva derivó en la Recomendación 10/2026 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por la violación sistemática del derecho a la salud, al agua y al saneamiento. Sin embargo, la respuesta del organismo quebrado —que arrastra una cartera vencida de 20.5 mil millones de pesos y cuyos pagos de deuda se triplicaron— fue castigar la economía familiar autorizando un aumento tarifario del 9.65%.

​Ante este escenario de incapacidad, opacidad y riesgo inminente para la salud pública, la responsabilidad política no puede diluirse en excusas presupuestales ni en el traspaso de culpas entre administraciones. Enrique Alfaro tendría que venir a rendir cuentas al congreso del estado de Jalisco y enfrentar la crisis hídrica, sanitaria que puede provocar una pandemia por las enfermedades gastrointestinales.