Por Carlos Anguiano
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La opinión comienza a ser pública cuando deja de pertenecer exclusivamente al ámbito personal y entra en un espacio donde otros pueden conocerla, discutirla y eventualmente influir con ella. Hans Speier estudió la opinión pública como una forma de comunicación ciudadana sobre asuntos de interés general, mientras Jürgen Habermas explicó la formación histórica de una esfera pública donde individuos privados se reunían para discutir asuntos comunes y someter al poder a la crítica. Esta distinción parece elemental, pero hoy resulta cada vez más difícil establecer dónde termina lo privado y dónde comienza lo público. Vivimos en una época en la que todo puede ser fotografiado, transmitido, comentado y convertido en contenido. El poder dejó de estar encerrado en oficinas y edificios institucionales; ahora también habita en las pantallas y en las conversaciones digitales de millones de ciudadanos.
La historia de la esfera pública es, en buena medida, la historia de la lucha por limitar el poder. En las sociedades antiguas existieron espacios de deliberación ciudadana; siglos después, cafés, salones, periódicos y asociaciones contribuyeron a construir ámbitos donde las personas podían discutir asuntos comunes y cuestionar las decisiones de quienes gobernaban. Con el constitucionalismo, la libertad de expresión y el desarrollo de la prensa, aquella conversación adquirió nuevas dimensiones. Pero también apareció una contradicción que todavía nos acompaña: la opinión pública puede servir para vigilar al poder, pero también puede ser manipulada por intereses políticos, económicos y mediáticos. La comunicación puede democratizar el poder, pero también convertirse en propaganda, espectáculo o mercancía.
El problema actual es que hemos confundido visibilidad con relevancia. Una sociedad permanentemente conectada parece creer que todo aquello que puede verse merece ser conocido y que todo aquello que puede difundirse merece ser discutido. No es así. La vida privada no se convierte automáticamente en asunto público porque exista una cámara, una red social o miles de usuarios dispuestos a comentarla. La intimidad merece protección. Pero esa protección tampoco puede utilizarse para ocultar aquello que sí pertenece al interés colectivo: el uso del dinero público, los conflictos de interés, las decisiones gubernamentales, la corrupción, el abuso de autoridad, el cumplimiento de la ley y los resultados de una administración. La democracia necesita transparencia, pero transparencia no significa convertir la intimidad en espectáculo.
También tenemos que asumir nuestra responsabilidad como sociedad. Hemos desarrollado una enorme capacidad para indignarnos y una preocupante incapacidad para distinguir entre información, propaganda, rumor y evidencia. Nos escandaliza una fotografía antes que un presupuesto; discutimos una declaración antes que una política pública; compartimos un video de segundos y pocas veces dedicamos tiempo a revisar documentos, datos y resultados. Las redes sociales rompieron el antiguo monopolio de la información y dieron al ciudadano una herramienta extraordinaria para observar, denunciar, organizarse y hacerse escuchar. Pero esa libertad también exige responsabilidad. La viralidad no convierte una mentira en verdad, ni la popularidad de una opinión demuestra su calidad. Una ciudadanía activa no puede reducirse a compartir, insultar o cancelar; debe preguntar, contrastar, investigar, deliberar y exigir respuestas.
Por eso necesitamos recuperar una frontera saludable entre ambas esferas. Lo privado debe conservar un espacio de respeto; lo público debe permanecer bajo vigilancia ciudadana. Debemos dejar de alimentar aquello que únicamente satisface la curiosidad y concentrar nuestra energía en lo que afecta nuestra vida colectiva: seguridad, educación, salud, servicios públicos, movilidad, medio ambiente, presupuesto, justicia, corrupción y calidad de los gobiernos. La sociedad no necesita saberlo todo sobre quienes ejercen el poder; necesita saber lo necesario para evaluar cómo lo ejercen. Ahí está la diferencia entre el morbo y la fiscalización, entre el espectáculo y la democracia, entre ser espectadores y ser ciudadanos.
El desafío consiste en utilizar la enorme capacidad de comunicación que nos ofrece la tecnología para construir una ciudadanía más informada y menos manipulable. El poder debe aceptar que ya no puede esconderse detrás de la distancia institucional, pero los ciudadanos también debemos entender que tener una voz implica utilizarla responsablemente. La democracia no se fortalece mirando más, sino comprendiendo mejor; no preguntando por todo, sino preguntando por lo que realmente importa. Defendamos la intimidad que merece ser privada y hagamos de aquello que pertenece a todos un territorio permanente de participación, vigilancia y responsabilidad ciudadana.
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