Capitán Hernández Luna.
Estimados lectores de La Verdad Jalisco, el escenario político en México atraviesa una de las fases de reconfiguración más complejas e inciertas de su historia moderna. Bajo la gobernanza actual, el país no solo experimenta la continuidad ideológica de la denominada Cuarta Transformación, sino la consolidación de un nuevo modelo de hegemonía política que reinterpreta las fronteras del contrapeso republicano y la división de poderes.
Lo que está en juego no es un debate abstracto sobre leyes o artículos constitucionales; es la vida cotidiana de cada persona en México. Cuando el poder se concentra en un solo punto y la justicia deja de ser un árbitro imparcial para convertirse en un actor político, el ciudadano de a pie pierde la única red de protección que tiene frente a los abusos de las autoridades, las corporaciones y el crimen.
¿Cómo afecta el hiperpresidencialismo la vida cotidiana? Cuando la gobernanza concentra todo el poder sin contrapesos que la vigilen o moderen, las decisiones de un gobierno dejan de debatirse para ejecutarse por decreto. Las consecuencias no ocurren en los tribunales; ocurren en la calle, en tu bolsillo y tu empleo. La incertidumbre sobre la certeza jurídica ahuyenta la inversión privada. Sin reglas claras de que los contratos se respetarán o de que un tribunal protegerá las inversiones, las empresas cancelan proyectos de expansión, afectando la creación de empleos formales y salarios competitivos.
Sin órganos autónomos e independientes que supervisen el gasto público, evaluar si el dinero de tus impuestos se usa de forma transparente o si termina en obras ineficientes se vuelve casi imposible. Cuando nadie puede auditar de forma neutral al Ejecutivo, la calidad de la salud pública, las escuelas y la infraestructura decae. Un poder sin contrapesos impone políticas de seguridad centralizadas que no rinden cuentas a las comunidades locales. Si una estrategia militar o policial falla en tu colonia, no hay una institución independiente que pueda exigir resultados o corregir el rumbo.
El peligro latente es habituarse a que la justicia sea un trámite político y no un derecho humano. La reconfiguración del poder en México no debe observarse como un partido de fútbol entre políticos; debe verse desde el impacto en el taller, la oficina, el hospital y la colonia.
Exigir un sistema de justicia independiente no es defender el pasado ni a una élite judicial; es defender el derecho a que nadie esté por encima de la ley cuando seas tú quien necesite protección. Una sociedad que renuncia a los contrapesos entrega su libertad a la voluntad del gobernante en turno.
La democracia mexicana no se encuentra ante un simple cambio de gobierno, sino ante la redefinición de su pacto constitucional y representativo. El desafío definitivo para la viabilidad de este modelo no descansará en la capacidad de movilización electoral del partido en el poder, sino en la eficacia real para garantizar derechos fundamentales, certeza jurídica e inclusión social sin erosionar las bases esenciales del Estado de derecho. Eso digo yo, ¿usted qué opina?
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