Por Jorge Eduardo García Pulido
Cuando Verónica Delgadillo García asumió la presidencia municipal de Guadalajara, aquella aseveración del 2 de octubre de 2024 dejó una frase flotando en el aire: se prometió a sí misma que haría lo que fuera por ser la presidente. El matiz, sin embargo, parece no estar en el hacer como verbo de construcción o de gestión pública, sino en el trayecto para alcanzar la silla. Una vez ahí, el discurso oficial suele mutar hacia la justificación y la imposibilidad.
Para las colonias del oriente de la ciudad, el argumento predilecto de la administración para explicar el estancamiento o las marcadas carencias ha sido culpar al pasado federal, señalando que la eliminación de los fondos metropolitanos desde 2019 borró de tajo el margen de maniobra. Pero al contrastar este discurso con los datos duros de la Hacienda Pública de Guadalajara, la imposibilidad pierde fuerza frente a la realidad de los ingresos locales.
El presupuesto aprobado para el municipio de Guadalajara asciende a 13 mil 16 millones de pesos. Al revisar cómo se desglosa el ingreso metropolitano, queda claro que la dependencia de la Federación no anula la robusta capacidad de recaudación propia que posee el municipio. Guadalajara es uno de los municipios con mayor fuerza fiscal del país. Tan solo por Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales se captan más de mil 104 millones de pesos, a lo que se suman más de 424 millones por Licencias de Construcción, Reconstrucción y Reparación de Obras, además del cobro general de derechos y el impuesto predial, que engrosa la categoría de Impuestos sobre el Patrimonio con más de 2 mil 37 millones de pesos. Por su parte, el flujo de recursos que llega por vía de las participaciones federales ronda los 4 mil 380 millones de pesos en sus componentes principales, complementados por las participaciones estatales que superan los mil 243 millones de pesos.
Esta colosal bolsa demuestra que, si bien la pérdida de los fondos metropolitanos federales dolió en la planeación a gran escala, el ente municipal cuenta con recursos propios más que suficientes para equilibrar la balanza en las zonas históricamente postergadas.
Aquí es donde cobra relevancia desempolvar la Reforma Hacendaria de 2013 de Enrique Peña Nieto. Dentro de los cambios al federalismo fiscal y las reglas de la Ley de Coordinación Fiscal, se introdujeron modificaciones para premiar la eficiencia recaudatoria local. El espíritu de la reforma planteaba un esquema de incentivos: a mayor capacidad y eficacia demostrada por el municipio en la captación de sus propios ingresos, la Federación aportaría una parte proporcional a través de fondos participables como el Fondo de Fiscalización y Recaudación. El diseño institucional premia el esfuerzo de cobro local. Guadalajara recauda, y recauda bien gracias a su dinamismo comercial, por lo que el dinero ingresa a las arcas. El problema no es el origen o la escasez del recurso, sino el destino y la discrecionalidad con la que se redistribuye dentro del Plan Municipal de Gobierno.
Cuando se analiza el gasto actual, la equidad brilla por su ausencia. Mientras las colonias del oriente padecen baches crónicos, luminarias apagadas y deficiencias en servicios básicos, el presupuesto parece orientarse a contentar a minorías o a financiar proyectos con un claro sesgo de interés de grupo. Destinar recursos para dar transferencias directas de 3 mil pesos a jóvenes que deseen independizarse para pagar rentas en el saturado centro de Guadalajara, o donar 400 mil pesos de las arcas públicas para eventos privados bajo el membrete de masculinidades, evidencia dónde está verdaderamente puesto el interés político. No se mencionan, por supuesto, los poderosos intereses inmobiliarios que se benefician de la redensificación del primer cuadro, orientando las acciones de gobierno hacia la plusvalía de unos cuantos y no hacia la justicia social de los más necesitados.
Ante tales prioridades, pareciera que la presidente ha aplicado una amnesia selectiva sobre los compromisos de campaña con los sectores populares. Como bien describía José Rubén Romero en boca de su célebre personaje en *La vida inútil de Pito Pérez*, la política suele ser el arte del descarte y la conveniencia: «El político tiene el corazón en el estómago y al filósofo en la cabeza… Ya hice la liquidación de mis amistades viejas, para abrir cuenta nueva con los amigos que me otorgue la fortuna.»
Esa liquidación de amistades viejas por las nuevas es el retrato vivo del pragmatismo de quienes ven el poder como un fin y no como un medio. Se borran los rostros de las colonias que dieron el voto y se abren cuentas con los nuevos aliados del capital y las agendas de aparador.
Al observar el contraste entre la opulencia de la recaudación y la selectividad del gasto, cabe formular la pregunta obligada para los tiempos electorales futuros: ¿Tendrá la actual gobernante la probidad de presentarse ante la ciudadanía para buscar la reelección? Y de hacerlo, queda bajo estricto escrutinio si esa continuidad será de verdad para el beneficio de la comunidad tapatía o simplemente para consolidar un proyecto de facción y provecho personal.
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