Por la Redacción
La reciente determinación del Tribunal Superior Agrario de ordenar el cierre operativo del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, ha desatado una ola de protestas, indignación y acciones legales en diversos sectores políticos, jurídicos y académicos de Jalisco. La medida, cobijada bajo el argumento de la austeridad republicana y una supuesta redistritación técnica mediante el Acuerdo General 11/20/2026, es señalada como un acto de profunda insensibilidad que deja en el desamparo institucional a los sectores históricamente más vulnerables del estado: ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y comunidades indígenas.
Ante la gravedad de esta situación, las acciones legales y legislativas no se han hecho esperar. Por instrucciones del diputado Alberto Maldonado Chavarín, se ha turnado una solicitud formal a los órganos de la Comisión Permanente para inscribir urgentemente un Punto de Acuerdo. Este exhorto legislativo exige formalmente al Tribunal Superior Agrario reconsiderar su postura y dejar sin efectos el polémico acuerdo general, garantizando además que la demanda de la entidad sea publicada de manera inmediata en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República para frenar el desmantelamiento de la sede tapatía.
A la vía legislativa se suma ahora la resistencia del gremio de abogados de Jalisco, el cual ha comenzado a promover amparos para detener la extinción del tribunal. Los litigantes, quienes ya han salido a protestar a las calles en un esfuerzo por visibilizar el problema, advierten que el rezago será monumental. El Tribunal Unitario Agrario 16 resguarda más de 21,000 expedientes históricos, y la redistribución de la carga de trabajo hacia las sedes restantes agravará un sistema donde las sentencias ya suelen demorar más de un año en emitirse.
El impacto de este cierre es alarmante y va mucho más allá de una simple reorganización burocrática. Desde el ámbito académico, el Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, bajo la dirección del doctor Luis Octavio Cotero Bernal, calificó la decisión como desafortunada y de origen opaco. El especialista advirtió que la supresión de esta instancia afecta directamente la resolución activa de cientos de casos urgentes que involucran a 29 municipios, 253 ejidos y 12 comunidades agrarias. Asimismo, se denunció una grave contradicción jurídica y ética, ya que el acuerdo federal invoca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas, pero el procedimiento se ejecutó violando flagrantemente el derecho de estas comunidades a una consulta previa, libre e informada.
Por su parte, la Dirección General de Asuntos Agrarios del Gobierno de Jalisco, encabezada por Óscar Eduardo Zaragoza Cerón, se sumó al rechazo y exigió la revocación inmediata del acuerdo, afirmando que suprimir un tribunal de esta índole no contribuye en absoluto a mejorar la atención. La dependencia estatal alertó sobre la inminente saturación que sufrirán las instancias restantes, calculando que el Distrito 13 absorberá una carga desproporcionada al pasar de 38 a 64 municipios bajo su jurisdicción, lo que representa un incremento del sesenta y ocho por ciento en su volumen de trabajo. En un contexto donde los juicios por la defensa de la tierra enfrentan serias demoras, este embudo institucional alejará dramáticamente la posibilidad de un acceso pronto y expedito a la justicia.
La comunidad legal y social de Jalisco coincide en que la austeridad no puede ejercerse a expensas de los derechos patrimoniales y la paz social del campo, especialmente en una región donde la expansión inmobiliaria presiona constantemente sobre los terrenos ejidales de la zona metropolitana. El llamado al Tribunal Superior Agrario y a las autoridades federales es claro: es imperativo abrir mesas de diálogo genuinas, transparentar los supuestos estudios de viabilidad y dar marcha atrás a una política centralista que contradice el discurso oficial de protección a los marginados, transformándolo en un abandono real para quienes sostienen la soberanía de las tierras jaliscienses.
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