Jorge Eduardo Garcia Pulido
El cumplimiento de un siglo del estallido del conflicto cristero en México ha desenterrado, de manera tan sorprendente como preocupante, fantasmas ideológicos que la madurez democrática del país ya consideraba superados. La reciente propuesta en el Ayuntamiento de Guadalajara, impulsada por la regidora Diana Araceli González Martínez, para rebautizar la emblemática Plaza del Refugio con el nombre de Anacleto González Flores, abre un debate profundo que trasciende la simple nomenclatura urbana. Nos confronta de manera directa con el uso que los sectores de la derecha contemporánea dan al pasado, exponiendo una alarmante orfandad de símbolos modernos y una peligrosa propensión a utilizar la tribuna pública para revivir traumas históricos.
Es indispensable abordar esta cuestión con un absoluto respeto al dogma religioso, el cual pertenece al ámbito de la fe, la conciencia íntima y la trascendencia espiritual de los seres humanos. El dogma católico es limpio en su esencia; el espíritu y la auténtica tradición de Jesucristo están fundados en la reconciliación, la paz universal y la eminente dignidad del prójimo. Por tanto, esa doctrina espiritual jamás debió verse implícita, ni ayer ni hoy, en una conflagración civil. La fe nunca debe ser el combustible de una conflagración. Cuando las instituciones eclesiásticas o los partidos políticos cruzan esa frontera y manipulan el sentimiento devoto del pueblo para transformarlo en un garrote de presión civil, vacían de contenido el mensaje evangélico y degradan la espiritualidad a una mera herramienta de control terrenal. El resultado secular de este desvío está a la vista de todos: una innegable crisis de credibilidad y una constante pérdida de adeptos en una sociedad que ya no acepta la instrumentalización de lo sagrado.
El análisis histórico exige rigurosidad para desmontar mitos arraigados. El callismo, a través de la severa reforma penal de 1926, buscó sin duda un sometimiento total de la Iglesia al arbitrio de un Estado centralizador y posrevolucionario. Sin embargo, resulta inexacto afirmar que el gobierno clausuró los templos de forma generalizada; fue el propio Episcopado Mexicano, con la anuencia de Roma, el que decretó la suspensión del culto público como una medida extrema de presión política y económica. Esta decisión dejó a la feligresía sin sacramentos y exacerbó los ánimos de un sector campesino y popular, particularmente en el Bajío y el Occidente, que ya acumulaba una honda inconformidad con el rumbo centralista de la Revolución. Así, el descontento social transitó hacia la resistencia.
En ese escenario emergió la figura de Anacleto González Flores, el llamado ideólogo de la resistencia pasiva. Si bien la historia registra que no empuñó un fusil y que promovió métodos inspirados en la desobediencia civil, resulta conceptualmente ingenuo calificar su intervención como un movimiento pacífico en el sentido estricto. Organizar un boicot económico masivo, asfixiar las finanzas públicas, promover el impago de gravámenes y paralizar el consumo local constituyen una estrategia de guerra asimétrica. Privar al adversario de sus medios de subsistencia y polarizar el tejido social de una comunidad, dividiendo a los ciudadanos entre fieles y traidores, es una forma soterrada de coacción. La resistencia pasiva de la Unión Popular en Guadalajara funcionó, en los hechos, como el catalizador moral y logístico que preparó el terreno mental para que miles de hombres dieran el paso definitivo hacia la lucha armada. No se puede desligar al ideólogo de las consecuencias de la hoguera que ayudó a encender.
Por ello, la pregunta fundamental que debe plantearse a la derecha mexicana y a los promotores de estas iniciativas es qué pretenden ganar al resucitar a estos caudillos del anticalismo. Resulta incomprensible el empeño por restaurar una memoria basada en el conflicto. No queda clara la insistencia en reivindicar figuras polarizantes del pasado remoto, y mucho menos claro resulta el intento actual de ensalzar estos pasajes oscuros de la historia patria. El Partido Acción Nacional ha tenido una participación histórica innegable y valiosa en la edificación de las instituciones democráticas del México moderno; por lo mismo, causa una profunda inquietud que hoy se pretenda desviar el propósito de la representación civil hacia una especie de apostolado o cruzada moral que utiliza los espacios comunes para marcar territorios ideológicos.
La regidora Diana Araceli González Martínez es una mujer excepcional, dueña de una inteligencia brillante y poseedora de una trayectoria política que merece todo el reconocimiento en el escenario local. Su capacidad para debatir los problemas urgentes del porvenir tapatío es indiscutible. Precisamente por esas virtudes, resulta desafortunado que decida abanderar causas que miran exclusivamente hacia la división del pasado. Un liderazgo de su nivel debería concentrar su talento en los desafíos apremiantes de la Guadalajara del siglo veintiuno, en lugar de reactivar debates teñidos de hostilidad histórica.
Hoy, en un México sediento de concordia, no podemos canonizar, santificar, beatificar o idolatrar a quienes, a través de la violencia, ya sea física o pasiva, han generado sufrimiento, fractura social y guerra. La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, no posee virtudes cívicas; provoca heridas que tardan generaciones en cerrar y destruye el entendimiento común. El espacio público, encarnado en nuestras plazas y calles, debe pertenecer a la ciudadanía laica, plural y pacífica que trabaja por el futuro. Los episodios trágicos de la historia deben permanecer en las aulas y en los textos de investigación para comprenderse críticamente y asegurar que no se repitan, pero jamás deben conmemorarse ni erigirse como ejemplos de identidad en los sitios destinados a la convivencia común. Sacralizar la discordia del pasado es el camino más corto para hipotecar la paz del presente.
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