No tengo dudas, pero tampoco pruebas

Por Carlos Anguiano

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En México existe una frase que se volvió parte del lenguaje popular y político: “no tengo dudas, pero tampoco pruebas”. Se usa entre bromas, resignación y cinismo para describir una realidad incómoda: millones de ciudadanos están convencidos de que buena parte de la clase política ha abusado del poder, pero muy pocos casos terminan verdaderamente esclarecidos ante la justicia. La percepción colectiva de corrupción es enorme; las sentencias firmes, en cambio, son mínimas.

El reciente debate público generado por solicitudes de investigación y extradición de políticos mexicanos desde el extranjero volvió a exhibir esa contradicción nacional. En las conversaciones cotidianas abundan nombres, rumores, sospechas y acusaciones. Sin embargo, cuando llega el momento de acreditar responsabilidades legales, los expedientes se diluyen, los procesos se congelan o simplemente nunca concluyen. Entre la sospecha social y la verdad jurídica existe un abismo.

Y ese vacío no puede llenarse con rumores ni con linchamientos mediáticos. Un Estado democrático no puede funcionar bajo la lógica de “todos son culpables hasta demostrar lo contrario”. La justicia exige pruebas, debido proceso y sentencias emitidas por tribunales competentes. Pero también es cierto que una sociedad no llega a desconfiar de toda su clase política por generación espontánea. La percepción pública tiene raíces profundas: los gobiernos anteriores tanto como los actuales en México, son una historia de escándalos, enriquecimientos inexplicables, impunidad estructural, nepotismo, contratosopacos y una distancia creciente entre gobernantes y ciudadanos.

Ahí aparece el verdadero problema mexicano: el deber ser de la justicia y la acción real de las instituciones rara vez coinciden. En teoría, México cuenta con órganos fiscalizadores, auditorías, fiscalías autónomas, tribunales administrativos, sistemas anticorrupción y complejos mecanismos legales para investigar abusos de poder. Sobre el papel, el país parece preparado para sancionar cualquier acto ilícito. En la práctica, los resultados son pobres y la confianza pública continúa deteriorándose.

La consecuencia es devastadora para la vida democrática. Cuando casi nadie cree en la honestidad de sus autoridades, pero tampoco observa castigos claros ni procesos transparentes, se instala una peligrosa normalización del cinismo. La corrupción deja de escandalizar y comienza a asumirse como parte inevitable del sistema. El ciudadano aprende a sobrevivir entre favores, influencias y desconfianza. La frase “así son todos” termina sustituyendo a la exigencia cívica.

La degradación institucional mexicana es resultado de una responsabilidad colectiva. Se normalizó votar por lealtades emocionales antes que por capacidades. Se justificaron excesos “porque los otros eran peores”. Se aceptó la corrupción pequeña mientras se condenaba la grande. Y poco a poco el deterioro ético dejó de percibirse como una emergencia nacional. Nuestra sociedad toleraabusos mientras recibe beneficios personales, partidistas o económicos.

Por eso resulta tan delicado el momento actual. Cuando gobiernos extranjeros parecen avanzar más rápido que las instituciones nacionales en investigaciones sobre posibles delitos relacionados con actores políticos mexicanos, la sensación pública de debilidad institucional se profundiza. No porque toda acusación implique culpabilidad automática, sino porque México lleva demasiado tiempo sin construir una justicia que convenza plenamente a su propia ciudadanía.

Hace falta una transformación cultural mucho más profunda: entender que la corrupción no es un espectáculo ajeno, sino un deterioro que termina afectando la seguridad, la economía, los servicios públicos y la convivencia democrática de todos. “No tengo dudas, pero tampoco pruebas” no debería ser la definición permanente de nuestra vida pública. Una democracia sana necesita ciudadanos capaces de exigir evidencia y autoridades capaces de presentarla. Necesita investigaciones serias, no venganzas políticas; sentencias sólidas, no espectáculos mediáticos; transparencia institucional, no fe ciega ni sospecha eterna.

México no puede acostumbrarse a vivir entre la sospecha colectiva y la impunidad permanente. Lo que hoy parece costumbre no debe convertirse jamás en ley moral de la República. La reconstrucción de la confianza pública exige una ciudadanía más crítica, instituciones más valientes y una convicción compartida: ningún poder, partido o figura pública debe estar por encima de la verdad y de la justicia.