Jorge Eduardo García Pulido.
En el argot de la política mexicana, el «Año de Hidalgo» no evoca el grito libertario del Padre de la Patria, sino un estruendo mucho más cínico: el del saqueo final. En San Pedro Tlaquepaque, este 2026 parece haber adoptado esa máxima no escrita de la función pública, donde la urgencia por «no dejar nada» se traduce en contratos estratosféricos que huelen más a despedida que a desarrollo integral. La actual administración, encabezada por la presidente Laura Imelda Pérez Segura y el Secretario General José Luis Ramírez Espinoza, se encuentra bajo un intenso escrutinio tras la asignación de más de 38.5 millones de pesos a la empresa Drea Producciones S. de R.L. de C.V. El objeto del gasto son los denominados «Fan Spots» para el Mundial, una versión diluida de los festivales oficiales que ni siquiera garantizan la transmisión legal de los partidos.
Resulta difícil digerir que, mientras municipios vecinos aseguran el espectáculo para sus ciudadanos con absoluta transparencia, en Tlaquepaque se opte por un modelo de servicio que incluye amenidades menores como estaciones de pintura facial y futbolitos a precio de oro. La sospecha de una facturación inflada crece al reportarse que es el propio personal municipal quien termina realizando el trabajo de logística que la empresa contratada debería cubrir. Esta falta de rumbo de Pérez Segura, que contrasta con perfiles de gestiones anteriores como la de María Elena Limón, sugiere una estrategia calculada de opacidad en un triunfo que nació lleno de sombras.
Desde una perspectiva jurídica, el escenario involucra posibles infracciones a la Ley de Compras Gubernamentales del Estado de Jalisco. La asignación de casi 39 millones de pesos podría vulnerar el artículo 47, que sanciona la simulación de actos jurídicos, especialmente si la empresa factura servicios que en realidad ejecuta el personal del Ayuntamiento, configurando una duplicidad de gasto que constituye un daño patrimonial directo al erario. Bajo el Código Penal de Jalisco, estas acciones podrían encuadrarse en delitos como peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. Asimismo, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado califica el desvío de recursos como una falta grave que escala hasta la inhabilitación de los funcionarios involucrados.
Tlaquepaque merecía ser un protagonista digno de la justa internacional por su relevancia cultural. En cambio, la narrativa que hoy domina es la del presunto desvío sistemático. Los 38.5 millones de pesos representan una cifra que bien podría haberse destinado a infraestructura básica o seguridad, áreas que permanecen en el olvido mientras los «Fan Spots» sirven como mampara para un drenaje financiero. El 2026 quedará marcado no por los goles en la cancha, sino por el golpe al erario. Si la administración actual no ofrece una rendición de cuentas clara, el municipio pasará a la historia local como el lugar donde la pasión deportiva fue el pretexto perfecto para el más descarado «Año de Hidalgo».
Una pregunta a la presidente Laura Imelda Pérez, ¿también le cuenta estos temas a Claudia Sheinbaum? yo creo que no.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que La Verdad Jalisco no se hace responsable de los mismos.
