Opacidad en licitaciones a ciegas
La administración municipal de San Pedro Tlaquepaque atraviesa un momento crítico de cuestionamientos legales y éticos tras la accidentada sesión de la Comisión Técnica de Asignación de Contratos en Obras Públicas del pasado 15 de abril. Durante este encuentro, la fracción mayoritaria impuso la votación de una licitación para la compra de luminarias sin presentar los documentos básicos que exige la ley, lo que constituye un atropello directo a los reglamentos de transparencia y rendición de cuentas.
En entrevista exclusiva para La Verdad Jalisco, la regidora Regina Martínez González denunció que el proceso se llevó a cabo en total oscuridad informativa, omitiendo la entrega del plan maestro, el padrón de luminarias con fallas y las especificaciones técnicas de los productos. Esta falta de claridad contraviene el Reglamento de Adquisiciones Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de San Pedro Tlaquepaque, el cual obliga a que toda convocatoria contenga requisitos detallados y condiciones de participación claras. Al no existir fichas técnicas ni precios unitarios, la administración vulnera los principios de eficiencia y honradez en el manejo de recursos públicos.
El marco jurídico estatal es severo ante estas omisiones. La Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios establece con precisión que cualquier acto realizado en contravención a estas disposiciones debe ser considerado nulo de pleno derecho. La exigencia de un catálogo de conceptos y programas de suministros no es una petición opcional de la oposición, sino una obligación legal que la presidencia municipal decidió ignorar para forzar una votación a ciegas.
Este episodio no es un hecho aislado, sino una práctica recurrente donde se obstruye el acceso a la documentación y se intenta silenciar la voz de los representantes ciudadanos en las comisiones. La advertencia sobre el inicio de procesos jurídicos y la posible tipificación de delitos por parte de funcionarios responsables pone en evidencia que Tlaquepaque requiere una fiscalización profunda. El uso del dinero de los contribuyentes sin proyectos viables ni justificaciones técnicas solo alimenta la sospecha de corrupción e impunidad en una administración que se niega a dar la cara.
Como declaración contundente sobre la crisis de transparencia que impera en el ayuntamiento, la regidora Regina Martínez González sentenció:
«También no sé si sea pronto aclarar que siempre nos quieren quitar el uso de la voz y que realmente así son todas las comisiones, todas las sesiones y nunca tenemos documentaciones de nada; siempre dicen que nos lo van a hacer llegar y hasta la fecha no. Y se vota a ciegas; todos los de la fracción mayoritaria votan así».
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