Por la redacción
La fiscalización en México padece una crisis de identidad al ser concebida históricamente como un mecanismo reactivo, tardío y predominantemente punitivo. Esta visión se orienta más a la detección del daño que a la prevención de la desviación, lo que deja al país con un entramado normativo robusto en el papel, pero con una práctica cotidiana atrapada en una lógica de control posterior. El resultado es un sistema que produce diagnósticos que se repiten sin cesar, con sanciones de bajo impacto y una percepción social de ineficacia.
El diagnóstico crítico de Rodríguez Murillo —quien actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco tras haber concluido su periodo como magistrado presidente— identifica que la auditoría sigue centrada en el cumplimiento normativo estricto y la trazabilidad administrativa. Actualmente se audita el procedimiento más que el resultado, privilegiando el expediente sobre la política pública y la forma sobre el impacto real en la sociedad. Esta inercia genera informes técnicamente sólidos pero políticamente inertes, incapaces de producir rediseños institucionales.
A esta problemática se suma una fragmentación del sistema de control, donde coexisten auditorías superiores, órganos internos de control y tribunales bajo un mosaico de competencias que se enciman. Cada instancia actúa dentro de su propio perímetro jurídico con lenguajes distintos, lo que diluye la eficacia global. Además, el discurso público ha equiparado erróneamente el éxito de la fiscalización con el número de sanciones impuestas, lo que genera conductas defensivas y una burocratización extrema en los entes auditados.
La propuesta hacia un modelo integral exige que la fiscalización se conciba como un sistema de aseguramiento de la integridad y la calidad del gasto, no solo como un radar de irregularidades. En este esquema, la prevención ocupa un lugar central para anticiparse a los riesgos e intervenir antes de que el daño ocurra en procesos críticos de contratación y ejecución presupuestaria. La finalidad última debe ser proteger el valor público, combinando la legalidad con la eficacia, la equidad y la legitimidad democrática.
Como conclusión, la transformación de la fiscalización en México no radica en el endurecimiento de las penas, sino en la inteligencia del sistema. El modelo integral propuesto por Manuel Rodríguez Murillo exige que el control deje de ser un obstáculo burocrático para convertirse en un aliado de la gestión pública, donde la transparencia y la rendición de cuentas sean los pilares que custodien la confianza ciudadana. Solo mediante una vigilancia que priorice la prevención y el análisis de riesgos será posible desmantelar las estructuras que permiten la desviación de recursos y fortalecer, de manera definitiva, la legitimidad democrática del Estado.
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