Por Amaury Sánchez G.
Jalisco puede discutir tarifas. Lo que no puede ni política ni jurídicamente es obligar al ciudadano a comprar un plástico para no ser castigado.
El gobierno de Jesús Pablo Lemus Navarro decidió subir el costo del transporte público de golpe y, además, establecer una trampa administrativa:
quien no tenga la tarjeta “naranja” paga 14 pesos; quien se somete al sistema, paga 11.
Eso no es un incentivo.
Eso es una sanción encubierta.
Y las sanciones, en un Estado de derecho, no se imponen por no consumir un producto gubernamental.
El error político: convertir la movilidad en un negocio
La movilidad no es un favor del gobierno.
Es un derecho social.
Cuando el acceso a ese derecho se condiciona a un mecanismo administrativo —una tarjeta, un registro, una base de datos— el gobierno deja de administrar y empieza a mercantilizar.
Por eso la comparación con la tarjeta del Bienestar fue tan torpe como ofensiva.
Una tarjeta sirve para recibir.
La otra sirve para que no te quiten.
El ciudadano no es ingenuo: entiende perfectamente la diferencia entre apoyo y extorsión suave.
Cada vez que alguien pasa la tarjeta naranja, no piensa en modernidad, piensa en esto:
“Si no la tuviera, me estarían cobrando más.”
Esa memoria no se borra con discursos ni con distractores.
Cortinas de humo y soberbia: la receta del desgaste
El gobierno estatal creyó que podía tapar el golpe al bolsillo con temas que “arden” rápido:
polémicas morales, pleitos legislativos, escándalos momentáneos.
Pero esos temas se discuten en redes y mueren en días.
El tarifazo se paga diario.
Mientras el ciudadano hace cuentas para completar la semana, el gobierno apuesta a que el enojo se enfríe. No entiende algo básico de la política real:
el bolsillo no olvida.
Cuando entra la sociedad civil, el conflicto escala
Aquí aparece un factor que el poder suele subestimar… hasta que es tarde.
La Fundación Somos Manos Tapatías, encabezada por José de Jesús Salazar Zazueta, ha puesto sobre la mesa lo que el gobierno no quiso discutir:
– el dinero público no puede condicionarse,
– los derechos ciudadanos no se canjean,
– y la legalidad no se negocia.
La convocatoria a promover amparos ciudadanos no es un acto radical.
Es una respuesta institucional a un abuso institucional.
Y hay algo todavía más revelador:
muchos ciudadanos apoyan en privado, preguntan, se informan, pero callan en público por miedo a represalias, estigmas o complicaciones.
Eso tiene nombre en ciencia política:
malestar social silencioso.
Y cuando ese malestar encuentra una vía legal, el problema deja de ser mediático y se vuelve estructural.
El argumento legal ciudadano (explicado sin abogados)
El fondo del asunto es sencillo y poderoso:
El transporte público es un servicio esencial, ligado al derecho a la movilidad.
El Estado no puede condicionar el acceso efectivo a un derecho a la adquisición de un instrumento administrativo.
Un “descuento” que solo aplica si compras una tarjeta no es un beneficio, es una penalización al que no lo hace.
El dinero que “se ahorra” el usuario no es un regalo, es dinero propio que el Estado deja de cobrarle.
Por tanto, existe materia para argumentar que:
hay trato desigual injustificado,
hay afectación al principio de legalidad,
y hay un condicionamiento indebido del uso de recursos públicos.
El amparo, en este contexto, no es confrontación, es defensa.
La consigna que resume todo
Por eso la postura ciudadana es legítima, clara y defendible:
Sí al ajuste razonable.
No a la tarjeta obligatoria.
No al negocio naranja.
No se trata de desorden.
Se trata de dignidad administrativa.
Epílogo político
Movimiento Ciudadano abrió un frente innecesario.
Pudo negociar.
Pudo explicar.
Pudo corregir.
Eligió imponer.
Y cuando un gobierno obliga, la ciudadanía aprende algo peligroso para el poder:
a resistir con la ley en la mano.
El tarifazo pasará.
La tarjeta quedará.
Y la factura… esa se paga en las urnas.
Si quieres, el siguiente paso puede ser:
ajustar esta columna al estilo exacto de Luis Spota para revista política,
convertir el argumento legal en guía ciudadana paso a paso para amparos,
o bajarlo a mensajes gráficos y campaña cívica con sello Política & Poder.
Aquí no solo hay discurso.
Aquí ya hay causa.
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