Jorge Eduardo García Pulido
En el corazón de nuestro sistema jurídico reside un principio sagrado: Non Bis In Ídem. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Sin embargo, en el Jalisco actual, este pilar constitucional parece tambalearse frente a una ofensiva que huele más a persecución ideológica que a rigor legal. El caso del diputado Leonardo Almaguer no es solo un expediente jurídico; es el síntoma de una política que parece haber sustituido el código penal por el manual de la intolerancia.
Almaguer nunca ha ocultado su identidad: se define y actúa como un simpatizante del pensamiento comunista y de la lucha social. En un estado con una herencia conservadora tan arraigada, esa etiqueta parece haberse convertido en un «pecado» imborrable. El uso de hechos ya juzgados y fenecidos para atacar su posición actual no es justicia; es una cacería de brujas.
Es preocupante observar que, detrás de la figura del Gobernador Pablo Lemus, se perfilan sombras de un conservadurismo radical. La presencia e influencia de figuras como El yunquista; Herbert Taylor Arthur sugiere que la embestida contra el PT no responde a una lógica constitucional, sino a una visión de mundo donde el que piensa diferente no solo es un adversario, sino un elemento a «excomulgar» del espacio público.
La memoria de pez dorado que impera en el oficialismo es selectiva. Olvidan que en 2012 y 2018, la figura de Enrique Alfaro Ramírez, en 2018 él pidió a la dirigencia apoyo para la creación de la bancada del Partido del Trabajo en la persona de Óscar Arturo Herrera y recibió el apoyo del PT para apuntalar su ascenso. ¿En aquel entonces las convicciones de Almaguer no eran un problema? ¿O es que la «moralidad» del grupo en el poder depende de qué tan útil sea el aliado en turno?
Si vamos a revisar pasados, habría que preguntarse por qué los expedientes de aliados cercanos, como Alberto Esquer y sus señalamientos por fondos federales como Diputado federal en un municipio del Sur de Jalisco, permanecen en el letargo de la impunidad. La ley en Jalisco no puede ser un archivo de conveniencia que se abre para los «comunistas» y se cierra para los amigos. El estado tiene ante sí la oportunidad de consolidar un gobierno de progreso y oportunidades, pero eso solo es posible si se entiende que en una democracia plena caben todas las voces, incluso las que resultan incómodas para el establishmentconservador.
Las diferencias políticas deben negociarse a través del diálogo, no mediante el uso faccioso de las instituciones judiciales. La verdadera fuerza de un gobernante se mide por su capacidad de coexistir con quienes piensan diferente. Jalisco no necesita una política de exclusión ni de «excomunión» ideológica; necesita la madurez de reconocer que el pluralismo es la base de nuestra paz social, por lo que la oportunidad de hacer un buen gobierno para todos los jaliscienses sigue ahí. El estado no debe permitir que las sombras del pasado dicten una agenda de persecución que a nadie beneficia. En la democracia, la ley es para proteger la libertad, no para castigar la identidad.
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