por Alejandro Huerta
Sin duda alguna, esta vez le tocó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convertirse en el blanco perfecto del linchamiento mediático.
La excusa fue la adquisición de nueve camionetas “machuchonas”, con un costo estimado de casi 3 millones por unidad. Bastó eso para detonar una campaña de ruido perfectamente sincronizada, de esas que no buscan explicar, sino desprestigiar. El escándalo, hay que decirlo, no tiene nada de nuevo, solo cambió el pretexto.
A partir de ahí, comenzó la cacería. Se revisó con lupa cada gasto, no para informar, sino para alimentar la narrativa del abuso. Todo bajo el argumento de la austeridad, palabra que se usa más como garrote político que como principio real. Salió a relucir el costo de la ceremonia del Bastón de Mando, el cuadro de la llamada “Ministra del Pueblo”, contratos de servicio de comedor, telefonía y hasta hubo quien reclamó por qué no se compraban un Tsuru, un vehículo descontinuado, es decir, de segunda mano, que al blindarlo quedaría prácticamente inservible por el peso. El absurdo elevado a argumento.
También regresó la vieja confiable: la “elección del acordeón”. Esa donde los autodenominados intelectuales aseguraban que era más fácil ganarse el Melate que replicar los resultados de 11 millones de votantes. El mismo acordeón al que en mesas de análisis se le atribuyó un poder casi sobrenatural, como si anulara la voluntad de quien lo tuviera en las manos. Un objeto convertido en villano, porque aceptar la decisión popular sigue siendo intolerable para ciertos sectores.
La ofensiva fue total: mesas de debate, portadas de periódicos impresos y digitales, redes sociales y espacios de opinión. Todos, curiosamente, repitiendo la misma consigna:
“¿No que esta Corte era austera?”
Como si los excesos obscenos de la Corte anterior quedaran automáticamente justificados por el simple hecho de que nunca prometieron austeridad. Y el remate de siempre:
“Son lo mismo que los anteriores”.
Una afirmación cómoda, simplista y, sobre todo, falsa.
¿Por qué no es cierto? Porque los datos —no la narrativa— cuentan otra historia.
Para empezar, la forma de llegada al cargo. Hoy son nueve ministros, no once como en la vieja Corte. Eso significa la eliminación de dos sueldos de élite, no de dos plazas administrativas. No es recortar operadores de fábrica con vales de despensa y caja de ahorro; es recortar privilegios de la cúspide.
Hablando de sueldos: antes, cada ministro percibía más de 780 mil pesos mensuales, la Corte mejor pagada del mundo, con prestaciones que rayaban en el insulto. Ahí está el ejemplo documentado del “apoyo para conseguir autógrafos de celebridades”. Hoy, cada integrante de la nueva Corte percibe 137 mil pesos mensuales. La diferencia no es ideológica, es aritmética.
Se eliminaron las salas especializadas y se acabaron las resoluciones entre pocos. Hoy, todo se discute y se vota en el Pleno, de cara a la nación.
En cuanto a resultados, basta un caso: los amparos promovidos por empresas contra créditos fiscales. 50 mil millones de pesos que llevaban más de 15 años congelados en el cajón del olvido empezaron, por fin, a moverse. Ya hubo pagos significativos, algo que la Corte anterior nunca quiso tocar.
Y sí, llegamos al tema que tanto ruido generó: las camionetas machuchonas.
Se compraron, es cierto.
Costaron, también es cierto.
Pero la comparación es inevitable.
Antes, las camionetas eran de súper lujo, sin debate alguno. Bajo un esquema de arrendamiento, que en términos reales significaba que lo que hoy se pagó de contado era lo que antes se pagaba de renta, sin generar patrimonio alguno. Y, para rematar, cuatro de esas unidades fueron vendidas a sus propios exusuarios. Silencio absoluto entonces. Ninguna portada, ningún escándalo.
Sin embargo, la diferencia más profunda no está en los vehículos, sino en la relación con el escrutinio público. La nueva Corte dio la cara, se explicó, se autocorrigió y renunció al uso de las camionetas en rueda de prensa, aun frente a una prensa claramente inclinada.
¿En qué momento vimos algo similar con Norma Piña? Rara vez concedía entrevistas y, cuando lo hacía, era evidente el guion cómodo. Hasta hoy, seguimos sin saber qué se discutía en sus reuniones con dirigentes de partidos políticos en plena efervescencia electoral. Eso sí era opacidad. Eso sí era poder sin rendición de cuentas.
Por eso, quien después de todo esto insiste en repetir que “son lo mismo” no está haciendo un análisis: está defendiendo una consigna. No habla desde la razón, sino desde el fanatismo político, ese que prefiere sostener una narrativa antes que aceptar los hechos.
Y cuando los hechos estorban, se intenta lincharlos.
Para “La verdad Jalisco” Por Alejandro Huerta
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