Por Mariana Navarro
“Lo que una sociedad tolera en la infancia termina por normalizarlo en la adultez.”
En Jalisco —como en buena parte del país— persisten prácticas de crianza que, aunque culturalmente aceptadas durante décadas, hoy deben ser revisadas con rigor ético y responsabilidad social. El castigo físico a menores, ejercido incluso por ambos padres y justificado como disciplina, no es un asunto privado ni anecdótico: es un problema estructural con consecuencias psicológicas, sociales y legales profundas.
Analizarlo no implica señalar personas, sino examinar prácticas. Y en ese examen, la evidencia es clara.
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DE LA CORRECCIÓN AL DAÑO SISTÉMICO
Cuando un menor es golpeado por madre y padre, la violencia deja de ser un acto aislado para convertirse en un sistema educativo basado en el miedo. Desde la psicología del desarrollo, esto tiene un impacto específico: la ruptura de la seguridad emocional primaria.
El niño no procesa la intención del adulto, procesa la experiencia. Y la experiencia que queda es que el hogar, el primer espacio de protección, puede convertirse en un lugar de amenaza. Esa vivencia altera la forma en que el menor comprende la autoridad, el afecto y la confianza.
No se trata de severidad; se trata de desprotección.
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EL CASTIGO CORPORAL COMO MENSAJE ÉTICO FALLIDO
La chancla y el fajo no son solo objetos. Funcionan como símbolos de una pedagogía que coloca el control por encima del entendimiento. El cuerpo del menor se convierte en el medio a través del cual el adulto descarga frustración o impone obediencia.
Desde la ética aplicada a la familia, esta lógica es problemática porque sustituye la formación de conciencia por la sumisión. El niño no aprende por qué una conducta es incorrecta; aprende a evitar el castigo. El resultado no es responsabilidad, sino miedo.
La obediencia obtenida así es frágil y, con frecuencia, violenta.
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IMPACTO PSICOLÓGICO Y SOCIAL A LARGO PLAZO
La evidencia en salud mental muestra que los menores expuestos a castigo físico recurrente presentan mayores dificultades para regular emociones, establecer límites y construir relaciones sanas en la adultez. Cuando ambos padres participan, el daño se intensifica: desaparece la figura protectora y se instala un apego desorganizado.
Este tipo de experiencias no se quedan en la infancia. Se trasladan al tejido social en forma de normalización de la violencia, reproducción intergeneracional del castigo corporal y dificultades para resolver conflictos sin agresión.
La violencia aprendida en casa suele replicarse fuera de ella.
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MARCO LEGAL: LO QUE YA NO ES OPCIONAL
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho de los menores a una vida libre de violencia y a un desarrollo integral. El castigo corporal y humillante no es compatible con este marco jurídico, aun cuando se invoque la tradición o la autoridad parental.
La ley no busca criminalizar la crianza, sino establecer un límite claro: la educación no puede sustentarse en el daño físico o emocional. La protección de la infancia es un asunto de interés público.
Ignorar esto no es neutral; es permisivo.
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LA DIMENSIÓN ÉTICA DEL PROBLEMA
Más allá de la legalidad, la pregunta de fondo es ética. ¿Qué tipo de ciudadanos formamos cuando enseñamos que la fuerza es una herramienta válida para corregir? ¿Qué mensaje transmitimos sobre el poder, el respeto y la dignidad humana?
La ética aplicada nos recuerda que los fines no justifican los medios. Formar personas responsables no puede hacerse a costa de su integridad. El castigo físico no educa el carácter; lo deforma.
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CONCLUSIÓN
El castigo corporal no es una herencia cultural que debamos preservar, sino una práctica que exige revisión crítica. La chancla y el fajo no corrigen: silencian. No forman conciencia: imponen miedo.
Una sociedad que aspira a reducir la violencia debe empezar por erradicarla de sus métodos de crianza. Porque cada golpe normalizado en la infancia es una lección que el adulto repetirá —o permitirá— más adelante.
La pregunta ya no es si “funcionan los golpes “
La pregunta es si estamos dispuestos a asumir el costo humano de seguir llamando disciplina a lo que, en realidad, es violencia.
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