SUMARIO: Un análisis objetivo sobre cómo el cambio en la mecánica de entrega de recursos públicos —de los «fondos perdidos» de la era Calderón a los depósitos directos del actual gobierno— ha impactado la economía familiar y la cadena de consumo, con sus respectivas luces y sombras.
Por: Jorge Eduardo García
Para La Verdad Jalisco
En las últimas dos décadas, México ha experimentado dos visiones diametralmente opuestas sobre cómo el Estado debe inyectar recursos a la economía y combatir la pobreza. No se trata solo de un cambio de partido en el poder, sino de una reingeniería en la fontanería del gasto social.
Analizar la transición entre el modelo del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y el de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) requiere ir más allá de las filias políticas y entender la mecánica económica detrás de cada uno.
La burocracia del «Fondo Perdido»
Durante la administración de Felipe Calderón, la política social y de fomento económico operaba mayormente bajo la lógica del subsidio condicionado a la producción y los apoyos a «fondo perdido». La teoría era financiar proyectos (un tractor, un invernadero, un pequeño negocio) para generar riqueza a largo plazo.
El intermediarismo.
El problema no era necesariamente la intención, sino la ejecución. Para acceder a estos recursos, se crearon complejas reglas de operación que hacían indispensable la figura del «gestor». Organizaciones campesinas, líderes sociales y despachos privados se convirtieron en las ventanillas de acceso al dinero público.
Esto generó lo que economistas llaman altos «costos de transacción». Auditorías de la época revelaron que una parte significativa del presupuesto se quedaba en la burocracia de estas organizaciones o se utilizaba para construir clientelas políticas, creando una «carestía artificial»: el dinero existía, pero se atoraba en embudos antes de llegar al beneficiario final.
El modelo actual: Liquidez directa y sus riesgos
La administración de López Obrador diagnosticó que este intermediarismo era la principal fuente de corrupción y optó por un desmantelamiento radical del sistema anterior. La estrategia se basó en dos pilares:
1. Eliminación del Gestor: Se sustituyó a las organizaciones por la transferencia monetaria directa, vía tarjeta bancaria, del Tesoro al ciudadano.
2. Constitucionalidad: Programas clave (como la pensión de adultos mayores) se elevaron a rango constitucional, convirtiéndolos en derechos y asegurando su presupuesto por ley, independientemente del gobierno en turno.
Si bien este esquema eliminó el «coyotaje» tradicional, enfrenta críticas serias. Especialistas señalan la opacidad en los padrones de beneficiarios, la falta de mecanismos de evaluación de impacto real y, crucialmente, el abandono de apoyos técnicos para la productividad. Se entrega dinero, pero se ha descuidado el acompañamiento para que ese dinero genere más riqueza a largo plazo, no solo consumo inmediato.
El impacto en la calle: La cadena de consumo
Más allá de las intenciones políticas de ambos modelos, el cambio en el mecanismo de entrega tiene un efecto económico tangible y medible en los hogares.
La diferencia radica en la velocidad del dinero. Bajo el modelo de Calderón, el recurso tardaba meses en bajar a través de las estructuras intermediarias. Bajo el modelo actual, la dispersión de miles de millones de pesos en efectivo bimestral tiene un efecto inmediato en la economía local.
¿Por qué se percibe una mejora en el nivel económico familiar básico?
· Propensión al consumo: Los segmentos de menores ingresos que reciben estas transferencias directas utilizan casi la totalidad del recurso para cubrir necesidades inmediatas: alimentos, servicios, transporte y medicinas.
· Reactivación del mercado interno: Este dinero no se ahorra ni se especula; entra directamente a la caja registradora de los negocios locales (la tienda de abarrotes, el mercado, la farmacia del barrio). Esto inyecta liquidez a la microeconomía.
El cambio de modelo logró destrabar los recursos que antes se quedaban en el camino, elevando el piso de ingreso mínimo de millones de familias y dinamizando el consumo interno. Sin embargo, el debate económico persiste: ¿Es sostenible un modelo basado en subsidiar la demanda (el consumo) sin políticas igualmente fuertes para estimular la oferta (la producción y la inversión)? El dinero llega más rápido hoy, pero el reto de generar riqueza estructural a largo plazo sigue pendiente.
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