Por Carlos Anguiano
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La desaparición de personas se ha consolidado como una de las tragedias humanitarias más graves y persistentes en la historia reciente de México. Los datos acumulados, que reflejan un patrón de violencia sistemática a lo largo de los últimos 25 años, demandan una respuesta estatal que esté a la altura del sufrimiento de miles de familias. Si bien el país ha construido un andamiaje legal notable, la distancia entre la ley y la justicia sigue siendo un abismo infranqueable.
Desde el inicio de este siglo, la magnitud de la crisis ha crecido exponencialmente. Las estadísticas son frías, pero ilustrativas: de las más de 131,000 personas desaparecidas y no localizadas registradas históricamente, cerca del 90% de los casos se concentran en el periodo 2000-2025. El fenómeno se agudiza año tras año, con cifras que, como en 2024, superaron los 13,000 reportes anuales.
Geográficamente, el problema exhibe una concentración crítica. Cinco entidades—Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, y Nuevo León—acaparan casi la mitad de los casos a nivel nacional, señalando focos rojos donde la acción del crimen organizado y la colusión o inacción estatal han cobrado la factura más alta. Además, la desaparición impacta de manera diferenciada, afectando con mayor frecuencia a hombres jóvenes (de 15 a 30 años) y registrando aumentos alarmantes en los casos de niñas y mujeres desaparecidas en estados como el Estado de México y Tabasco.
Ante la presión incesante de los colectivos de familiares, el Estado mexicano se vio obligado a legislar, generando un marco normativo que es reconocido a nivel internacional: la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (LGMDFP) de 2017.
Esta Ley ha sido la columna vertebral de los esfuerzos institucionales, obligando a la creación de tres pilares fundamentales: la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). A nivel operativo, se han desarrollado protocolos homologados de investigación y de búsqueda inmediata—buenas prácticas esenciales que priorizan la localización de la persona por encima de cualquier obstáculo burocrático. Recientemente, el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) busca hacer frente a la inmensa crisis forense.
Estos esfuerzos legislativos y la apertura al escrutinio internacional (como la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU) marcan un reconocimiento estatal de la gravedad del delito.
Pese al sólido marco legal, la implementación es el punto de quiebre. Los informes de la sociedad civil y los organismos de derechos humanos coinciden en que los desafíos superan los avances:
México enfrenta el reto de transformar la letra de la ley en realidad palpable. La crisis no podrá superarse si la responsabilidad de la búsqueda y la investigación sigue recayendo desproporcionadamente en los familiares. La colaboración es indispensable: el Estado debe garantizar el financiamiento, la autonomía y la protección a las instituciones de búsqueda, mientras que la sociedad civil y los colectivos de víctimas, con su experiencia y conocimiento del terreno, deben ser aliados respetados en la toma de decisiones.
Es tiempo de pasar de la infraestructura legal a la acción efectiva. La erradicación de este mal que nos afecta y preocupa a todos depende de que, como sociedad y gobierno, asumamos la desaparición no solo como un delito, sino como una emergencia nacional.
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