Staff.- El caso de los 38 creyentes de La Luz del Mundo detenidos en Vista Hermosa pasará a la memoria colectiva como un ejemplo de lo que nunca debe ocurrir en un Estado de derecho: un operativo arbitrario, ilegal y marcado por el prejuicio religioso.
Un juez lo confirmó: la captura fue ilegal desde el primer minuto. Se violaron plazos constitucionales, se ignoró el Registro Nacional de Detenciones y se ordenó un cateo en propiedad privada sin sustento jurídico alguno. En palabras del penalista Leonardo Quevedo Domínguez, “fue un procedimiento viciado desde el inicio”.
La defensa no dejó lugar a dudas: no había pruebas reales, solo estigmas contra una comunidad de fe. El aparato estatal construyó un caso con base en prejuicios, amplificados en redes sociales con burlas y criminalización hacia la religión de los detenidos. Lo que se buscó no fue justicia, sino escarmiento.
Tras días de incertidumbre, la resolución judicial restituyó la libertad a los 38 feligreses, pero dejó una herida profunda: la certeza de que las instituciones pueden ser usadas para perseguir, ridiculizar y violentar la libertad de culto.
El fallo logrado por tres abogados —dos de ellos del despacho Quevedo Asociados— no solo representa una victoria legal, sino la confirmación de que el abuso de poder tiene límites. El Estado queda exhibido como intolerante e incompetente, incapaz de garantizar lo más básico: respeto a la fe y a los derechos humanos.
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