Por Jorge Eduardo García
Si algo ha demostrado el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Jalisco desde su creación es que nació muerto. Lo que en el discurso se presentó como un mecanismo ciudadano para vigilar al poder público, en la práctica se ha convertido en un refugio de simulación, de intereses disfrazados de “participación social” y de negocios bajo la mesa.
El Comité de Participación Social (CPS), que debería ser la cara ciudadana del sistema, es el ejemplo más claro. Desde la llegada de personajes y farsantes como Diego Petersen y compañía, el comité se transformó en un club de notables que se limitó a “nadar de muertito” mientras fungía como tapadera de los gobiernos en turno. Lo que debía ser contrapeso terminó siendo comparsa.
Diego Petersen, de los notables farsantes…
Hoy la historia no es distinta. El CPS opera más como una agencia de relaciones públicas y de colocaciones que como un ente de vigilancia. Se les acusa de hacer mancuerna con empresas privadas para vender servicios de consultoría y planes de desarrollo a municipios, cobrando contratos jugosos que contradicen el espíritu ciudadano con el que se justificó su existencia.
El fracaso del SEA es evidente. La Fiscalía Anticorrupción arrastrada por señalamientos de corrupción y tapadera, la Auditoría Superior del Estado convertida en nido de aviadores y agencia de favores políticos, y un CPS que de “social” solo conserva el nombre. Todo un sistema diseñado para simular que se combate la corrupción, cuando en realidad se protege y se perpetúa.
En este punto, la pregunta es obligada: ¿para qué mantener de pie una estructura que solo sirve para legitimar a quienes deberían ser cuestionados? El CPS perdió su razón de ser y más que aportar, estorba. De evaluador de aspirantes a cargos públicos pasó a ser una falacia, un filtro a modo para beneficiar a perfiles cómodos.
El SEA de Jalisco, con su comité incluido que preside Vicente Viveros, otro farsante, es hoy un monumento a la simulación. Y lo más grave: cada día que se mantiene vivo, erosiona la confianza ciudadana en la posibilidad de que alguna vez, en serio, exista un combate a la corrupción en este estado.
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