Por Carlos Anguiano
@carlosanguianoz en redes sociales.
Al observar el desarrollo reciente de Morena a nivel nacional y de Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco, emerge una constante ineludible: el poder, con todas sus implicaciones, sigue siendo esencialmente el mismo que conocieron los griegos, refinaron los romanos y han explorado las grandes civilizaciones del mundo occidental.
El poder es seductor. Aparentemente neutral, su ejercicio está inevitablemente atravesado por la condición humana. Y es ahí donde surgen los mayores riesgos: nos incomoda la crítica, nos molesta la disidencia, y en política —especialmente en el gobierno— esa incomodidad puede traducirse en autoritarismo, cerrazón y censura.
Vivimos en una democracia, al menos en el plano formal. Elegimos a nuestros gobernantes por mayoría, con la expectativa de que actúen por el bien común. Sin embargo, votar por alguien no significa entregarle un cheque en blanco. El mandato popular exige resultados, compromiso y sobre todo, disposición al diálogo, incluso con quienes piensan distinto.
Porque sí, la democracia no se limita al acto de votar. Se sostiene, sobre todo, en el derecho ciudadano a cuestionar, criticar y vigilar. El gobernante debe entender que su investidura lo obliga a escuchar, no sólo a quienes lo aplauden, sino también —y quizá sobre todo— a quienes lo cuestionan.
El riesgo al que hoy nos enfrentamos no es nuevo, pero sí urgente: la tentación de endurecerse, de cerrarse al escrutinio público, de eliminar el disenso. Y cuando esa tentación se convierte en política de Estado, comienza a erosionarse el pacto democrático.
En marzo de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que ningún servidor público puede bloquear a ciudadanos en redes sociales por emitir críticas o cuestionamientos. El fallo, resultado del amparo en revisión 1005/2018, dejó claro que cuando los funcionarios usan sus cuentas para comunicar asuntos de interés público, deben garantizar el acceso a la ciudadanía sin censura previa. No es una cuestión de protocolo digital, sino un principio constitucional: el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información.
Por eso es necesario hacer un llamado directo y respetuoso tanto al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, como a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: ábranse a la crítica. Escuchar al ciudadano inconforme no es una debilidad, es una muestra de madurez democrática.
El poder rodeado de aduladores vive en una burbuja peligrosa. Los aplausos comprados, las lealtades pagadas desde una nómina, solo refuerzan una visión distorsionada de la realidad. Y si hay algo que México y Jalisco no necesitan hoy, es más desconexión entre el poder y la ciudadanía.
Cuando miles de voces señalan que algo va mal, la respuesta no puede ser el silencio ni la censura. Tiene que ser la escucha activa, la revisión autocrítica, y si es necesario, la rectificación. Porque nadie es infalible. Y porque gobernar también es saber corregir.
En una democracia sana, el poder está siempre bajo escrutinio. No se teme al disenso: se le respeta. Y se entiende que la crítica no es una afrenta personal, sino una oportunidad para mejorar. Ignorarla, minimizarla o acallarla solo conduce al desgaste institucional y a la ruptura del vínculo ciudadano.
Recordémoslo: el poder que no rinde cuentas se corrompe. Y una democracia sin voces diversas no es democracia: es simulación.
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