Jaime Hernández Ortiz
En días pasados el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Naciones Unidas anunció que había decidido activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por los Estados Partes, con respecto a la situación que vive México y que hasta el momento supera más de 125 mil desaparecidos.
Hay que señalar que esta tragedia se acentuó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador de manera que el problema no se puede atribuir a los regímenes neoliberales del pasado.
El artículo 34 de esa Convención dispone que “si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas.”
México es parte de la Naciones Unidas y ha sido firmante de más de cien tratados Internacionales en derechos Humanos; entre ellos la citada Convención, documento que contiene obligaciones para todos los estados parte.
Debe intervenir Naciones Unidas.
Ha habido expresiones de diversos liderazgos de la 4T en el sentido de que tal procedimiento es un acto injerencista de las Naciones Unidas. Inadmisible para quienes ven ello un ataque indirecto a la administración de Claudia Sheinbaum y directamente al de López Obrador. Nada más falso.
Desafortunadamente, frente a lo que muchos puedan pensar, es muy grave que nuestro país esté dado pasos regresivos en esta materia, como el hecho de haber aprobado la llamada “supremacía constitucional”, que no es otra cosa que tirar a la basura todos los tratados internacionales que han servido para acotar los excesivos abusos de poder y atropellos que cometen muchos gobiernos. Tal grave es como pensar que el “humanismo mexicano” es mejor que el humanismo internacional.
El artículo 2 de la Convención define la desaparición forzada como “la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida; que colocan a esa persona fuera de la protección de la ley”.
El artículo 5 de la Convención establece que “la práctica generalizada o sistemática de las desapariciones forzadas constituye un crimen de lesa humanidad tal como se define en el derecho internacional aplicable y acarreará las consecuencias previstas en el derecho internacional aplicable”.
El problema es negar el problema y las acciones no preventivas
Es cierto que no se puede atribuir al gobierno federal una práctica generalizada o sistemática de ese delito. Pero no menos cierto es que es una práctica generalizada y sistemática que se extiende en todo el país sin que el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales realicen lo suficiente para prevenir su ocurrencia, prestar apoyo a las víctimas y combatir la impunidad. Situación que puede implicar la omisión, la aquiescencia – o sea, hacerse de la vista gorda por las autoridades- que tratan de negar y ocultar la gravedad del problema y que llegan incluso a negar las desapariciones y decir que como tal “no existen”.
Después de ser desoídas ya hasta consideradas como agencias de derecha, las organizaciones ciudadanas de madres y padres buscadoras, apenas fueron recibidas por la Secretaría de Gobernación atendiendo instrucciones de la presidenta. Es un buen inicio, pero falta aún todo por hacer.
Ojalá el caso se trate en una Asamblea de lasNaciones Unidas, se emita un pronunciamiento y mostremos todos los mexicanos, mas allá de posiciones ideológicas, una auténtica solidaridad humana frente al problema.
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