Amaury Sánchez
El terrorismo y la delincuencia organizada son conceptos que, aunque a menudo se entrelazan, poseen características distintivas. El terrorismo se define como el uso sistemático del miedo, a menudo a través de actos violentos, para lograr objetivos políticos o ideológicos. Por otro lado, la delincuencia organizada se refiere a grupos criminales que operan de manera estructurada y jerárquica, dedicándose a actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de personas, entre otros. Ambos fenómenos representan una amenaza significativa para la seguridad y la estabilidad de cualquier nación.
Desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador introdujo su famoso lema «abrazos, no balazos», la reacción de la prensa tradicional y de la oposición fue, en muchos casos, de burla y escepticismo. Sin embargo, es innegable que durante su administración se lograron aciertos y avances en materia de seguridad, aunque el camino fue sinuoso y lleno de críticas. La propuesta de un enfoque más humanista en la lucha contra la delincuencia fue vista como un intento de frenar la violencia, pero también como una falta de acción contundente ante un problema que se ha arraigado profundamente en la sociedad mexicana.
Hoy, con la llegada de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia, el país se enfrenta a un nuevo reto. Su gabinete de seguridad, que incluye al destacado policía Omar García Harfuch, se encuentra ante una delincuencia organizada que ha evolucionado, volviéndose más agresiva y mejor armada. Los recientes acontecimientos en Guanajuato, donde se detonaron dos coches bomba, y el enfrentamiento en Tecpan de Galeana, que dejó 16 muertos, son un claro ejemplo de la magnitud del desafío. La prensa ha calificado estos actos de diferentes maneras: como terrorismo en Guanajuato y como masacre en Guerrero, reflejando la complejidad de la situación.
Ambos incidentes, motivados por disputas territoriales y el control del narcotráfico, evidencian que la lucha contra la delincuencia organizada no es solo una cuestión de estrategia policial, sino también de abordar las raíces sociales y económicas que alimentan este fenómeno. La violencia no se detiene en las fronteras de la política; es un problema que requiere un enfoque integral, que contemple no solo la represión, sino también la prevención y la inclusión social.
La nueva administración tiene la oportunidad de redefinir la narrativa en torno a la seguridad. En lugar de caer en la trampa de la polarización y el enfrentamiento, es crucial que se busquen soluciones que integren a la sociedad en su conjunto. La colaboración entre las fuerzas del orden, las comunidades y las instituciones es fundamental para desmantelar las estructuras de la delincuencia organizada y, al mismo tiempo, para restaurar la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes.
En este contexto, el desafío es monumental, pero no insuperable. La historia reciente nos ha enseñado que la violencia no se combate solo con más violencia. Es hora de que la nueva administración tome las riendas con una visión clara y un compromiso firme para enfrentar el terrorismo y la delincuencia organizada, no solo con balas, sino con abrazos que promuevan la paz y la cohesión social. La seguridad de México depende de ello.
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